Tribunal Superior de Justicia porteño
Organizaciones convocan una protesta frente al Tribunal Superior de Justicia porteño
Lo harán luego de que se haya aprobado una modificación de las competencias del Tribunal Superior de Justicia.
Una marcha frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) será convocada por asociaciones de magistrados, el próximo 6 de octubre, en rechazo a la “maniobra de colonización de la Justicia Nacional”. Esta manifestación se dará luego de que este viernes se sancionara una ley que amplía las competencias del Tribunal de la Ciudad.
A partir de la ley aprobada ayer, el oficialismo logró modificar los procedimientos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que le permitirán revisar las sentencias del organismo nacional que tengan sede dentro del distrito. Esta medida obtuvo 38 votos a favor de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN, mientras que 20 en contra del Frente de Todos y el Partido de Izquierda.
A partir de la modificación del Tribunal Superior de Justicia, la Corriente de Abogados Laboristas 7 de Julio, Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, entre otras agrupaciones, convocaron a una protesta para manifestarse en contra de esta medida.
Qué dijo que el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios
Marcelo Gallo, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, aseguró en diálogo con AM 750 que la ley es “inconstitucional” dado que permite apelar fallo de la Justicia Nacional en el TSJ.
El abogado dejó en claro que hará “un planteo jurídico para lograr la inconstitucionalidad". En este sentido, agregó: “no es una facultad de la Legislatura porteña, sino del Congreso Nacional".
"Desde que se hizo la reforma constitucional y se le dio otro estado jurídico al gobierno de la Ciudad, buscan ejercer sobre los Tribunales en los que no tienen competencia, pero no es una facultad delegada", argumentó Gallo.
Por otro lado, expresó que esta nueva normativa debería “preocupar muchísimo a la ciudadanía” porque "el tiempo de los procesos se torna absolutamente incierto” y esto se suma como “una nueva instancia”.
Por último, declaró que la normativa es “grave en sí misma”, más allá de que no se tuviera que tratar un “eventual componente político, que obviamente lo tiene”; y cuestionó el motivo de impulsarla en medio del período electoral.
