SOCIEDAD
Qué significa la extensión de la emergencia sanitaria por coronavirus en el país
La emergencia sanitaria está vigente desde marzo de 2020, cuando comenzaron a subir los casos de la enfermedad.
El Gobierno anunció que se prorrogó hasta el 31 de diciembre del próximo año la emergencia sanitaria que se decidió al inicio de la pandemia, a fin de redireccionar recursos y focalizar los esfuerzos para combatir al coronavirus.
La emergencia sanitaria se declaró en marzo de 2020 y desde entonces se han habilitado varias prórrogas desde el Ejecutivo. En las últimas horas, el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, emitieron un nuevo DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), relacionado con la medida.
La orden de emergencia sanitaria fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y contiene la firma de las máximas autoridades, ya que se establece que el Gobierno puede disponer las recomendaciones y las medidas a adoptar a fin de mitigar el impacto sanitario de la pandemia.
El documento dice que se debe tomar en cuenta el contexto epidemiológico, sanitario y el avance de la campaña de vacunación nacional, que sigue vigente y que permite prevenir el desarrollo de una enfermedad grave que pueda llevar a la muerte.
La prórroga a la acción de emergencia no es al azar, ocurre en un contexto de repunte de contagios, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Río Negro y Neuquén. Estas localidades entraron en riesgo epidemiológico alto.
La variante Ómicron
La variante Ómicron avanza por el mundo, más de 80 naciones han confirmado su presencia y tiene en alerta a las autoridades de la OMS (Organización Mundial de la Salud) que la clasificaron como una variante de preocupación.
En el país se han confirmado varios casos, aunque por el momento todos están relacionados con personas que llegaron desde el exterior, pero no se descarta que ya exista circulación comunitaria en Córdoba, donde se cuantifica la mayor cantidad de contagios.
La emergencia sanitaria establece, entre otras cosas, que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben realizar el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias que rigen en sus territorios.
