ECONOMÍA
La AFIP terminó con el secreto fiscal y los bancos solicitarán declaraciones juradas de impuestos
En 2016, el Gobierno impulsó una resolución con la que los usuarios bancarios quedaron exentos de presentar su información sobre impuestos.
El Gobierno dejó sin efecto el secreto fiscal, una medida que impedía a los bancos solicitar declaraciones juradas de impuestos y que entró en vigencia a partir de 2016, durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.
La acción sobre los tributos impulsaba el blanqueo de capitales y permitía que se abrieran cuentas bancarias sin obstáculos para los clientes. La decisión respecto a los impuestos fue publicada por la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) en el Boletín Oficial.
La medida facilitaba el camino para aquellos que acumularon irregularidades en materia de impuestos y les permitía exteriorizar sus activos en los términos de la Ley de Sinceramiento Fiscal, además de habilitarlos para abrir una cuenta en el sistema bancario sin condicionamientos.
Durante el Gobierno de Macri, la AFIP estableció que los bancos y otras entidades financieras y cambiarias no solicitaran a sus clientes las declaraciones juradas de impuestos presentadas frente al organismo fiscal.
La normativa alcanzaba a todas las entidades obligadas a emitir Reportes de Operaciones Sospechosas a la UIF (Unidad de Información Financiera). Es decir, a las que se encargan de operar con las tarjetas de crédito, sociedades de bolsa y registros públicos de propiedades.
También quedaban exentos de exigir la declaración de pagos a la AFIP los corredores de bolsa, escribanos públicos, quienes se dedican a la compra y venta de vehículos, empresas aseguradoras, correos privados, operadores de compraventa de arte, despachantes de Aduana y otros organismos de la Administración Pública.
Qué dice la resolución
La decisión de la AFIP de dar un paso atrás con el secreto fiscal se ampara en su normativa, que establece quiénes son los sujetos obligados a informar a la UIF las actividades y conductas de personas humanas y jurídicas.
La ley añade que debe notificarse a las autoridades de forma inmediata cualquier situación irregular que pudiese significar una operación sospechosa de lavado de activos o financiación de terrorismo.
