Subsidios: fallo judicial a favor del transporte de larga distancia

La actividad judicial regresó este lunes e inició con un fallo a favor de las empresas de transporte de larga distancia. El juez en lo contencioso administrativo federal Walter Correa acató el pedido de más de 20 compañías del sector contra la quita de subsidios en el Gobierno de Mauricio Macri.

El juez federal ordenó al Gobierno nacional actual que compense a las empresas de transporte de larga distancia por el déficit de 27.000.000 de pesos que acumulan desde que dejaron de recibir los subsidios del Estado. De esta manera, el magistrado dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Transporte durante la gestión de Mauricio Macri que revocó los subsidios que las compañías recibían desde el 2013, tanto para los pasajeros como para los empleados.

Tras el fallo, el juez federal estableció que la compensación se lleve a cabo mediante el mecanismo que el Poder Ejecutivo crea más conveniente y estableció un plazo de diez días para que la medida se haga efectiva.

Según argumentó Walter Correa a la prensa, falló a favor de las empresas de transporte de larga distancia porque los subsidios fueron revocados transgrediendo el procedimiento legal. De este modo, explicó que la autoridad de ese entonces actuó de “forma irracional”.

Cabe destacar que el Gobierno nacional podrá apelar el fallo de Correa y la decisión será revisada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Sistema de subsidios al transporte de larga distancia

En el año 2013, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dictó la resolución número 513 y fijó “compensaciones tarifarias” a las empresas en promedio de la demanda de usuarios y por trabajadores. Esta medida tuvo lugar como respuesta a la necesidad de sostener la conexión entre las provincias o ciudades que disponen como la única o más económica vía de comunicación los colectivos. 

Luego, en 2017, el Gobierno de Mauricio Macri eliminó los subsidios y, según el peritaje oficial que realizó la causa, esto provocó que las empresas acumulen un déficit de 27.320.000 de pesos. Ante esta situación, 21 compañías del sector exigieron ante la Justicia la nulidad de la decisión de dejar sin efecto los subsidios. Al respecto, argumentaron que sin el aporte del Estado su operatoria no podría continuar. 

En este contexto, las empresas reclaman que se mantenga vigente el esquema de compensaciones de 2013, recibir los subsidios pendientes desde 2017 y retomar el pago mensual del subsidio fijado en el Gobierno de Cristina Fernández.