Nuevos cambios en el Código Penal podrían beneficiar a los condenados por corrupción

Esta mañana se publicó en el Boletín Oficial la resolución 1/2021, que pone en vigor seis artículos del nuevo Código Procesal Penal Federal para revisar condenas, más allá de que ya hayan sido confirmadas por la Corte Suprema. Esta facultad solo puede ejecutarse a favor del condenado.

La iniciativa -impulsada por legisladores kirchneristas- dispone que una sentencia puede objetarse si se determina que su procedimiento fue irregular por diversas razones. Entre los casos que ampara el nuevo Código Procesal Penal Federal, pueden descubrirse testigos o evidencias falsas, comportamiento ilegal del magistrado que dicte la sentencia, coimas o arreglos ilícitos, o bien la aparición de pruebas que determinen la inocencia del acusado o acusada.

El principal cambio dispuesto por el nuevo Código es que una condena queda en condiciones de ejecutarse solo cuando la Corte ya hubiera analizado el caso, lo que conduce a un trámite que puede demorar años. 

Qué ocurre con las personas ya condenadas

La polémica a partir de los nuevos cambios reside en su carácter retroactivo. Los artículos que entran en vigencia disponen que es posible revocar una condena preexistente en caso de que así lo determine la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la aplicación de un tratado internacional. Dado el origen del proyecto, todas las luces apuntan Amado Boudou.

El expresidente tiene una condena firme por el caso Ciccone, y sus defensores esperan demostrar su inocencia alegando a la ilegalidad del fallo. Los cambios en el Código Penal también disponen la libertad provisional del condenado durante el procedimiento de revisión, por lo que Boudou podría apelar a eso.