TELECOM

Movistar y Claro reintegrarán los importes mal cobrados: qué pasará con Telecom

A la fecha, la compañía del Grupo Clarín decidió no cumplir con la ley.
lunes, 22 de febrero de 2021 · 13:04

Este lunes, el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, comunicó que Movistar y Claro reintegrarán a sus clientes los importe mal cobrados durante los meses de enero y febrero. No obstante, aún queda una empresa en falta: Telecom. Compañía que se negó a cumplir con la ley vigente sobre materia tarifaria. 

En diálogo con Télam Radio, López advirtió que los usuarios y usuarias de Movistar y Claro con la facturación de marzo “van a recibir el reintegro de lo que les cobraron por encima de lo autorizado en enero y febrero". Al mismo tiempo, el vicepresidente del ENACOM remarcó que Telecom continúa por fuera de la ley y será sancionada como corresponde. 

Gustavo López confirmó que Claro y Movistar devolverán los importes mal cobrados. 

En tanto, López contó que, hasta el momento, la empresa del Grupo Clarín es la única que no cumplió con el decreto 690 y, a la vez, se niega a hacerlo. En tanto, detalló que la mayoría de las compañías que incumplieron la ley regularizaron su situación. Primero fue el caso de Telecentro y Direct TV y ahora lo está haciendo Movistar y Claro. 

Ante la rebeldía de Telecom, Gustavo López aseguro con énfasis que será "sancionada y se le cobrará intereses por lo que le están cobrando incorrectamente a los usuarios". En este punto, la segunda autoridad del ENACOM adelantó que el Estado actuará hasta las “últimas consecuencias”. 

Qué ley no respetó Telecom 

El año pasado, a través de la reglamentación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20 se puso en marcha una política de creación de nuevos derechos ciudadanos a través de la Prestación Básica Universal y Obligatoria. Dicha normativa, estableció que la telefonía celular, la telefonía fija, Internet y la televisión paga pasarían a estar al alcance de todas las personas.

En tanto, el decreto 690/20 declaró servicio público al acceso a las tecnologías de la información y comunicación y estableció una prestación básica con un esquema de precios regulados.

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