El Gobierno creó un registro público de denuncias contra jueces en causas de violencia de género

La Justicia está en el ojo de la tormenta. Hace años que los argentinos piden un sistema que realmente responda a las demandas de la ciudadanía, que resuelva con criterio ético y rapidez, que sancione a favor de la sociedad toda, y no en beneficio de unos pocos. En los últimos días se instaló la idea de que la Justicia debe ser reformada, un reclamo que ha sido impulsado especialmente por Cristina Kirchner. Durante la audiencia pública por la causa conocida como dólar futuro, la vicepresidenta de la Nación responsabilizó a los magistrados por mirar hacia otro lado en las causas sobre violencia de género. El reciente y polémico mensaje del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Juan Carlos Gemignani, dio el empuje final para que el Gobierno avanzara este miércoles con la creación de un registro público de denuncias presentadas contra jueces por situaciones vinculadas a violencia de género.

La medida fue aprobada por unanimidad el pasado lunes, en el marco de un plenario extraordinario del Consejo de la Magistratura de la Nación, y fue oficializada y reglamentada hoy en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 8/2021.

De tal manera, el Gobierno creó una herramienta que permitirá atender denuncias presentadas sobre situaciones vinculadas a violencia de género contra magistrados que versen sobre “vulneración y/o afectación de derechos por actos discriminatorios; inobservancia manifiesta de la normativa nacional e internacional en materia de género en el dictado de actos procesales; y obstaculización, mediante retardo o impedimento, en el acceso a la justicia”. Los nombres de los jueces quedarán asentados en el registro para que el Consejo de la Magistratura resuelva si deben aplicarse o no sanciones.

El nuevo registro impulsado por el Estado supone un avance respecto a la Ley Micaela. Esta normativa, sancionada el 10 de enero de 2019, que recibe el nombre de Micaela García, una joven entrerriana víctima de violencia de género, establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, incluido el Poder Judicial de la Nación. 

También implica el cumplimiento del acuerdo firmado el 23 de octubre de 2019 por el caso de Olga Rosario Díaz, una mujer que sobrevivió a un intento de femicidio. En 2018, la Defensoría General de la Nación denunció al Estado por no actuar “de conformidad con la obligación de debida diligencia reforzada para prevenir hechos de violencia de género contra la mujer” en el caso de Olga, que había denunciado a su pareja. Como resultado, el Gobierno aprobó en agosto de 2020 el acuerdo que establecía resarcir a Díaz y adoptar medidas tendientes a evitar la repetición de los hechos.