Tarifas: el Gobierno empezará con el descongelamiento del gas y la electricidad

El Gobierno empezará esta semana con el proceso de descongelamiento de las tarifas de los servicios concesionados de gas y energía eléctrica, que rige desde hace casi dos años. En un contexto económico complejo, el Estado intentará pasar desde el cuadro tarifario del Macrismo, por medio de un esquema basado en “aumentos de transición”, a una fórmula relacionada con la capacidad de pago de los usuarios.

Este lunes y martes, el Gobierno dará luz verde a la primera audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Unas 200 personas se inscribieron para participar como oradores en la audiencia que se realizará de manera virtual por la pandemia del coronavirus. Usuarios y multisectoriales defenderán que el congelamiento de las tarifas debe seguir vigente al menos hasta fin de año.

La segunda instancia se desarrollará el 29 y 30 de marzo, cuando el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) llame a audiencia pública para determinar el aumento en el servicio de energía eléctrica.

El interventor del ENARGAS, Federico Bernal, recordó en declaraciones a Radio Gráfica que las audiencias públicas no son vinculantes. No obstante, “será importante escuchar a la ciudadanía para que no se repita lo que pasó en el Gobierno anterior, que muchos usuarios tenían que elegir entre comer y pagar los servicios”. Cabe señalar que en el anterior esquema las tarifas se ajustaban por la inflación y por el valor del dólar.

Si el cuadro tarifario del Macrismo siguiera vigente (el Ejecutivo lo dio de baja el año pasado), las tarifas de gas habrían aumentado un 80% en octubre del año pasado y otro 130% desde el próximo mes de abril. A su vez, la electricidad tendría que incrementarse un 168% el mes que viene.

El nuevo esquema tarifario de transición, que habilitó la renegociación con las concesionarias para “que las familias no tengan un ajuste brutal en el bolsillo”, seguirá vigente hasta que el Gobierno pueda enviar al Congreso un proyecto de ley que tendrá como objetivo crear un sistema de tarifas distributivo, en el que los sectores con mayores ingresos y patrimonios asuman valores más altos que el resto de la sociedad. Para eso se utilizarán bases de datos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), de la Administración Federal de Ingreso Públicos (AFIP), de tarjetas de crédito y viajes, entre otros.

El Ejecutivo se enfrentará a la difícil tarea de determinar qué porcentaje del precio final subsidia y cuánto será trasladado a los consumidores. Actualmente, el Estado absorbe gran parte de las tarifas, lo que supone un gran esfuerzo fiscal. Esto quiere decir que el Gobierno tendrá que negociar para que los incrementos no sean desmedidos y fijar cuánto podrá subsidiar para que la inflación no se dispare. Si no, su objetivo de terminar 2021 con una inflación del 29% se irá por la borda.