Consumidores le advirtieron al Gobierno que irán a la Justicia si aumenta el gas o la luz

El Gobierno inauguró este lunes las audiencias públicas para descongelar las tarifas de los servicios concesionados de gas y energía eléctrica, que rige desde hace casi dos años. El Estado quiere pasar desde el cuadro tarifario del Macrismo, por medio de un esquema basado en “aumentos de transición”, a una fórmula relacionada con la capacidad de pago de los usuarios. No obstante, los consumidores le advirtieron hoy que irán a la Justicia para frenar cualquier incremento en las tarifas.

Esta mañana la Secretaría de Energía debía dialogar con los usuarios para determinar el precio del fluido en el ingreso al sistema (Pist), que representa el 40% del monto total de la factura que llega a los hogares, y cuánto podrá subsidiar el Gobierno del costo final.

En ese marco, la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, resumió los resultados del informe oficial sobre los aumentos tarifarios que deberían darse durante este año y reiteró el compromiso del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de implementar un cuadro tarifario cuyos valores estén “detrás de los salarios y las jubilaciones”.

Para que las tarifas no aumenten, El Estado debería hacerse cargo de un monto total de $132.963 millones, es decir, 56 mil millones de pesos más de lo que está previsto en el Presupuesto 2021. La decisión es compleja: si el Gobierno no subsidia el gas, el incremento podría llevar a un aumento de la inflación por encima de los previsto, pero, si abona el total de los aumentos, tendrá que reformular lo pautado en el Presupuesto.

La representante de Liga de Amas de Casa, Marisa Sánchez, fue una de las oradoras de esta audiencia pública. La marplatense le pidió al Gobierno que no permita que las tarifas aumenten, porque “la gente no puede pagar ni un peso más”. Además, solicitó que los valores de la producción de gas se pesifiquen (el esquema tarifario del Macrismo se ajustaba por la inflación y por el valor del dólar).

En ese sentido, el Ejecutivo tiene planeado enviar al Congreso un proyecto de ley que tendrá como objetivo crear un sistema de tarifas distributivo, en el que los sectores con mayores ingresos y patrimonios asuman valores más altos que el resto de la sociedad. Pero para eso falta un trecho, por lo que de momento el Estado, las compañías y los usuarios, tendrán que lograr un acuerdo dentro del cuadro tarifario de transición que deberá "discutirse ampliamente, sin condicionamientos previos, teniendo en cuenta que los servicios públicos son derechos esenciales, y que las tarifas resultantes deberán estar debidamente fundamentadas", según caracterizaron desde el Centro de Estudios de Servicios Públicos y desde la Fundación Acción para la Comunidad.

Mañana se evaluarán los precios del transporte y distribución de gas en todo el país. Mientras, el 29 y 30 de marzo le tocará al servicio de energía eléctrica, cuando el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convoque a audiencia pública.