El Gobierno imputó a Edesur y Edenor por “no brindar información” a los usuarios

El Gobierno imputó a través de la Secretaría de Comercio Interior a las empresas distribuidoras de energía Edesur y Edenor por “no brindar información detallada” en las facturas y por “no proveer respuestas suficientes” ante los reclamos de los usuarios. Consecuentemente, el Estado podría aplicarles multas millonarias.

La imputación nace a partir de una investigación que realizó el organismo que conduce Paula Español y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) por los reclamos que diversos consumidores presentaron en la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor. De acuerdo con el análisis de dichas quejas, se pudo identificar que las empresas estaban realizando "maniobras reiteradas y sistemáticas" que configurarían presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, número 24.240.

Además, el Gobierno contempló las presentaciones que la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO) del Ministerio Público Fiscal y distintas asociaciones de consumidores, como Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) y la Unión de Usuarios y Consumidores, realizaron en contra de las compañías eléctricas.

Según explicaron desde el Estado, los consumidores habían solicitado la verificación del medidor luego de recibir facturas con aumentos significativos, pero las empresas no brindaron respuesta alguna o se limitaron a decir que la facturación era correcta sin detallar el motivo del incremento. En otras ocasiones, las compañías justificaban los aumentos adjudicando un recupero que correspondía a energía que no había sido registrada oportunamente.

En todos los casos se verificó una notoria ausencia de información por parte de las empresas eléctricas y una falta de detalles respecto a las verificaciones de medidores que dicen haber llevado a cabo, como fundamento para cobrarle a los usuarios un monto superior al habitual.

De tal manera, el Gobierno decidió imputar a ambas empresas por infringir los artículos 4, 8 bis, 19 y 29 de la Ley de Defensa del Consumidor, por incumplir con el deber de información y de respuesta a los reclamos en el plazo establecido en la norma y porque, cuando sí respondieron, la información fue insuficiente. Ahora, Edesur y Edenor tienen un plazo de 5 días hábiles para realizar su descargo; de lo contrario, podrán recibir una multa de hasta 5 millones de pesos.