El ENRE prorrogó la prohibición de cortar el servicio eléctrico por deudas

Este miércoles, el Ente Regulador de Electricidad (ENRE) oficializó la prórroga a la prohibición del corte del servicio eléctrico a los usuarios y usuarias por deudas previas al 28 de febrero que se hayan originado durante la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) o el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) dictado por el Gobierno nacional a causa de la pandemia de coronavirus. 

La medida del ENRE, establecida a través de la resolución 58/2021, aplica a las distribuidoras del servicio eléctrico Edenor y Edesur. Asimismo, surge como respuesta a las advertencias de las diferentes asociaciones de personas usuarias, las multisectoriales, las cámaras de comercio, municipios y organizaciones sociales sobre las campañas de intimación de pagos con amenaza de corte de suministro efectuadas por las distribuidoras. 

Al respecto, la resolución del ENRE que prorroga la prohibición de corte del servicio de electricidad reza que ambas compañías deben abstraerse de “suspender el suministro a aquellas personas usuarias” que mantengan deudas originadas por las restricciones adoptadas desde marzo de 2020.

Al mismo tiempo, el documento dicta que las empresas deben informar el monto del saldo adeudado de los y las clientas al 31 de diciembre del 2020 y también las deudas originadas entre el 1 de enero y el 28 de febrero del corriente año. Esto con el objetivo de establecer mecanismos efectivos para su posterior cancelación por parte de las personas usuarias. 

En la misma línea, y con la meta de priorizar el pago de los consumos actuales, el ENRE instó a Edesur y Edenor a que emitan la liquidación del servicio público incluyendo “únicamente los importes correspondientes a los consumos del período, la carga impositiva y, si corresponde, las cargas municipales”.

Por último, en el documento el ENRE argumenta que la prórroga a la prohibición de corte del suministro por deuda es para “velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad del servicio público de distribución eléctrica, ponderando la realidad socioeconómica de las personas usuarias".