GOBIERNO NACIONAL
El Gobierno presentó ante la Corte sus argumentos para suspender la presencialidad
En un escrito de 113 fojas, el Procurador General defendió la medida y criticó a Larreta.Casi a último momento, el Gobierno nacional presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación los argumentos en los que se basó para suspender las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En un escrito de 113 fojas, la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, defendió la necesidad de instaurar las clases virtuales en el AMBA hasta el 30 de abril debido al fuerte aumento de casos de coronavirus. A partir de estadísticas y argumentos jurídicos, el jefe de abogados justificó la medida y reclamó que se ratifique “la constitucionalidad” del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Además, el abogado del Estado le pidió al Máximo Tribunal que incorpore al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para que también pueda opinar en la causa, ya que, según Zannini, la decisión del gobernador porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de mantener las clases presenciales afecta directamente al conurbano bonaerense.
En ese sentido, el escrito defiende que si el DNU no alcanzara a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), “aumentaría la circulación de personas entre las jurisdicciones involucradas y, por lo tanto, se incrementaría la velocidad en el crecimiento de los contagios poniendo en riesgo así la salud de la población y el sistema sanitario no solo de CABA, sino también de la Provincia, en tanto resulta parte integrante de este aglomerado urbano”.
Por el lado jurídico, el Gobierno advirtió finalmente que “cualquier decisión que eventualmente adopte” la Corte Suprema, que implique un cambio en lo establecido por el DNU, “tendrá efectos ineludiblemente, de una u otra forma, sobre la esfera de la Provincia de Buenos Aires”.
En cuanto a los datos epidemiológicos, el Ejecutivo sostuvo que “la restricción no tiene por objeto afectar el derecho de educación, como malintencionadamente alega la actora (por el Gobierno de la Ciudad), sino disminuir la circulación, lo que necesariamente conlleva la restricción de determinadas actividades que implican la concentración de personas. Así como también, suspender por un plazo temporal la presencialidad de las clases”.
“El fundamento principal por el cual se suspendió la presencialidad de las clases por 14 días no fue únicamente la posibilidad de contagios que podrían haberse producido dentro de las escuelas, sino el hecho de que la asistencia a dichos establecimientos genera una gran movilidad de personas”, continuó el Gobierno nacional, que agregó que la Ciudad “tiene una mirada negacionista de la realidad y de la grave situación que representa la pandemia”.
Finalmente, el Estado exige que, en nombre de “la protección de la salud pública y de la vida”, el Máximo Tribunal rechace tanto la cautelar como la demanda interpuesta por el Gobierno porteño.
La otra cara de la moneda
El conflicto (a nivel judicial) comenzó cuando Rodríguez Larreta presentó un pedido de acción declarativa de inconstitucional ante la Corte Suprema, que incluía el pedido de una cautelar.
Según el Gobierno porteño, la suspensión de las clases presenciales “no se encuentra justificada en datos empíricos, resulta arbitraria porque obedece exclusivamente a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo nacional” y “constituye una clara violación al principio de igualdad, porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias, que pueden decidir respecto de la continuidad o suspensión del ciclo lectivo 2021”.
Un fallo de la Justicia porteña ya había dictaminado que las clases podían seguir dentro de las aulas, pero una resolución del fuero Contencioso Administrativo lo contradijo. En medio de ese revuelo, el Máximo Tribunal se declaró competente (con cuatro votos a favor y uno en contra), lo que le permitió a la Ciudad continuar con las clases presenciales alegando que, hasta que la Corte no se expidiera, las aulas podían continuar abiertas.