Pepín Rodríguez sin respaldo en el extranjero: la Justicia de Uruguay rechazó su asilo político

La Justicia penal de Uruguay desestimó este sábado la acción de habeas corpus presentada por el exoperador judicial del Macrismo, Fabián Pepín Rodríguez Simón, donde intentaba bloquear la orden de captura de la Justicia federal argentina, en el marco de la causa que investiga su presunta participación en una asociación ilícita que tenía por objetivo perseguir a empresarios como Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del canal C5N.

La resolución fue emitida por el juez de la capital del país vecino, Marcelo Malvar, quien consideró que como Interpol Uruguay no recibió una orden de captura para Pepín, “difícilmente exista efectiva privación de libertad o una amenaza a la libertad por el accionar de una institución que carece de orden para cumplir la detención”.

El pasado 18 de mayo, el exrepresentante por Argentina en el ParlaSur había compartido una carta difundida en la que sostenía que pedía asilo político en Uruguay porque, a su entender, “ya existe la decisión previa” de privarlo de “libertad en cuanto regrese al país”.

"No hay nada grato en el exilio, nada. Pero que la Justicia, institución que debería defenderme de una persecución como la que padezco, sea precisamente la herramienta que utilizan Cristóbal López y De Sousa para perseguirme y privarme ilegítimamente de mi libertad por mi actividad política lícita en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es lo que me llevó a pedir asilo como refugiado político en Uruguay", aseguró Simón, en el texto.

Por ese entonces, la jueza María Servini solamente lo había citado a prestar declaración indagatoria y le había prohibido dejar el país. Sin embargo, el exfuncionario ya había partido hacia Uruguay. Frente a esto, la magistrada ordenó, el pasado miércoles, la captura internacional de Fabián Rodríguez Simón y dispuso la inhibición general de todos sus bienes.

El papel de Pepín durante el Macrismo

Rodríguez Simón está acusado de formar parte de la “mesa judicial” del Macrismo junto con el exjefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña; el exvicejefe de Gabinete, Mario Quintana; el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano y el exasesor presidencial, José María Torello.

Según el empresario De Sousa, la mesa judicial “era un equipo de trabajo para producir acciones, ya sea en distintas sedes del organismo del estado, como en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Inteligencia financiera. Y por supuesto buscaban interferir en el accionar de la Justicia. Las medidas judiciales eran las que les permitían disponer del honor, la libertad y el patrimonio de las personas que ellos habían elegido como sus enemigos sociales".