Tras el escándalo, Jorge Ferraresi explicó cómo es el proyecto para expropiar terrenos en Avellaneda

Luego del escándalo por la normativa que permite expropiar terrenos en el municipio bonaerense de Avellaneda, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, explicó los alcances de la medida.

El funcionario, quien hasta noviembre del año pasado fue intendente del mencionado distrito, justificó la ordenanza aprobada en el Concejo Deliberante y aseguró que no busca afectar a inversores privados.

“Mar del Plata sacó una ordenanza idéntica a la de Avellaneda y tenemos visiones probablemente muy distintas”, señaló esta tarde Ferraresi en una conferencia de prensa.

El ministro remarcó que la ley de expropiación del suelo en la Provincia de Buenos Aires existe desde el año 1977 y que el proyecto aprobado solo busca “aplicar herramientas locales para la aplicación de la ley provincial”.

“No hay nada inconstitucional, porque las expropiaciones salen por ley, por aplicación de una ordenanza municipal y convalidación de una ordenanza provincial. Es algo que existió toda la vida y seguirá existiendo, lo único que hoy planteamos cómo generar suelo urbano en función de un desarrollo”, explicó.

De acuerdo a las declaraciones de Ferraresi, el objetivo de esta normativa es “avanzar sobre los sectores abandonados de la ciudad” y no en los inmuebles privados. “Que se queden tranquilos todo los vecinos que tienen su propiedad y tienen su terrenos para construir”, aseveró.

No hay nada más lejano que avanzar sobre la inversión de un privado.

El ministro señaló que quienes critican esta iniciativa no conocen Avellaneda, ya que advirtió que “no tiene un espacio libre que algún vecino tenga guardado para construir su casa”, a la vez que cuenta con “una cantidad de estructuras infernales industriales desactualizadas sin ninguna actividad”.

Por otro lado, Ferraresi ejemplificó con el elefante blanco, un edificio cuya construcción fue parada y se encuentra en estado de abandono desde hace más de 14 años. Este se encuentra actualmente en remate judicial.

Qué establece la polémica normativa

El proyecto aprobado en Avellaneda aplica un plazo máximo de ocho años para que los dueños de un terreno baldío comiencen una obra o finalicen una construcción paralizada.

Como primera medida, los inmuebles que tengan que inscribirse en el Registro Público Municipal de Inmuebles Baldíos, Inmuebles con Edificación Derruida o con Edificación Paralizada deberán abonar un 50% más en el impuesto municipal por una Tasa por Servicios Generales.

Los propietarios tendrán un plazo de tres años para parcelar o edificar, uno más para el comienzo de las obras y hasta cuatro para que esta sea finalizada. En caso de incumplir esta medida, el inmueble será declarado “de utilidad pública y sujeto a expropiación por parte de la municipalidad”.