“Quisiera ganarle a Cristina”: Alberto Fernández promulgó la ley de cupo laboral trans

El presidente Alberto Fernández encabezó el acto de firma del decreto de promulgación de la Ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas trans, llamada “Diana Sacayán, Lohana Berkins”, en un acto oficial en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

El jefe del Ejecutivo subrayó que la legislación tiene el objetivo de “dejar de marginar al otro y terminar con la cultura del descarte”. Por lo tanto, su gestión continuará con la premisa de garantizar que “las minorías tienen derechos y las mayorías deben reconocerles esos derechos”, detalló en su discurso.

Respetar y convivir con la identidad de cada una de las personas.

Alberto Fernández recordó la gestión de la vicepresidenta, Cristina Fernández, desde el 2007 al 2011 y sus logros en el reconocimiento de derechos, como lo fueron: la asignación Universal por Hijo, la ley del Matrimonio Igualitario, la ley de Identidad de género, muerte digna y la del código civil entre otras y describió que quisiera que su administración otorgue aún más legislaciones para lograr una sociedad más igualitaria.

“Quisiera ganarle a Cristina y que mi Gobierno sea más progresista que el de ella y dé más derechos que los que dio ella”, señaló Fernández acompañado de la titular del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la subsecretaria de Políticas de Diversidad, Alba Rueda.

Finalmente, el presidente recordó la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se debatió y votó en el Poder Legislativo y prometió que el Congreso de la Nación seguirá en la búsqueda y la labor de ampliación de reivindicaciones ya que “cada vez que los argentinos ampliamos derechos somos una mejor sociedad”, concluyó.

De qué trata la nueva Ley 27.636

La ley que tiene los nombres de dos activistas del movimiento de derechos humanos y de la lucha por el reconocimiento y la inclusión social trans en Argentina, Diana Sacayán y Lohana Berkins, garantiza que las personas que integran este colectivo tengan garantizado el acceso al empleo formal.

Entre otras reivindicaciones, la legislación contempla que los tres poderes del Estado nacional, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado deben emplear una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas de ese colectivo.