ALBERTO FERNÁNDEZ
Fiesta en Olivos: Alberto Fernández se presentó ante la Justicia por derecho propio
El mandatario y los presentes fueron notificados de que se abrió una investigación en su contra por el incumplimiento de medidas sanitarias.
El presidente Alberto Fernández se presentó ante la Justicia por derecho propio para responder por la organización de una fiesta en la Quinta de Olivos, mientras regían las restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus a nivel nacional.
El mandatario no tendrá abogado patrocinante, se defenderá a sí mismo y en el documento presentado a las autoridades argumentó que no se configuró ningún delito porque no se registraron contagios tras la actividad; sin embargo, reconoció que se trató de una falla ética de su parte al permitir que se llevara a cabo.
Fernández pidió su sobreseimiento y se comprometió a enviar la mitad de su salario como presidente durante cuatro meses al Instituto Malbrán como una forma de reparación al daño potencial.
Imputación contra el presidente y los participantes
El presidente, la primera dama Fabiola Yáñez y los participantes de la celebración de cumpleaños del 14 de julio de 2020 fueron notificados por el fiscal federal Ramiro González, de la apertura de una investigación en su contra por incumplir el artículo 205 del Código Penal.
La notificación de la imputación quiere decir que los presentes serán investigados por romper el protocolo sanitario que Alberto dictó debido a la presencia del coronavirus.
El resto de los imputados e invitados a la celebración son Sofía Pacchi, Fernando Consagra, Santiago Basavilbaso, Stefanía Domínguez, Emanuel López, Federico Abraham, Carolina Mafafiotti, Rocío y Florencia Fernández Peruilh.
Los decretos firmados por el presidente
Alberto Fernández firmó los decretos de necesidad y urgencia (DNU) para normar lo que podía y no hacerse durante la cuarentena estricta por la llegada del coronavirus. Estableció que quienes no cumplieran con las prohibiciones a la circulación tendrían que ser investigados en función de lo que dice el artículo 205 del Código Penal.
Dicho artículo establece que se reprimirá con prisión de seis meses a dos años a quien no cumpliera las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.
