POLÍTICA
Mesa judicial bonaerense: continúa la investigación para definir las responsabilidades
Por el momento, los imputados son aquellos que participaron de la reunión en la sede del Banco Provincia en 2017.
En el marco de la investigación sobre la presunta mesa judicial bonaerense, que tenía como fin perjudicar con causas armadas a dirigentes sindicales, se vendrá un inicio de semana con el objetivo puesto en esclarecer responsabilidades dentro del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal.
En esa línea, se confirmó que este martes declararán cuatro figuras claves dentro de la mesa judicial y el armado de causas: Julio Conte Grand (procurador de la Provincia), Diego Dalmau Pereyra (exdirector de Contrainteligencia de la AFI) y dos exempleados del Banco Provincia.
Fuente: (Televisión Pública)
El primer personaje, anteriormente, había desistido el último martes de presentarse frente a la subcomisión de Inteligencia del Congreso Nacional. En principio, Conte Grand fue señalado por asistentes dentro de la mesa judicial como quien avalaba las causas armadas para perjudicar sindicalistas bonaerenses.
En contraposición, Dalmau Pereyra se había presentado el jueves ante los legisladores y por recomendación de su abogado fue que su declaración tuvo que ser postergada. Según indicaron fuentes parlamentarias, se hizo para no interferir en la presentación que deberá realizar ante la justicia provincial.
Cuál es la situación de Vidal
La exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, todavía no integra la lista de imputados por la fiscal federal Ana Russo. Sin embargo, forma parte de las personas investigadas por la reunión que tuvo lugar en la sede porteña del Banco Provincia en junio de 2017.
Desde que inició la investigación, la actual diputada nacional de Juntos por el Cambio se vio alcanzada por dos acciones. En primer lugar, el juez federal Ernesto Kreplak solicitó el encruzamiento de llamadas entre los exfuncionarios presentes en el encuentro y la propia Vidal.
Fuente: (Televisión Pública)
Luego, el mismo magistrado le solicitó a la Secretaría General de la Presidencia el registro de visitas de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos entre el 1 de mayo y 31 de diciembre de 2017. En este caso, el objetivo es comprobar si alguna de las personas involucradas asistió.
"No van a encontrar llamados míos con los tres funcionarios de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) ni con los empresarios", aseguró la dirigente opositora. De acuerdo con lo informado desde su entorno, apunta a que "el video es ilegal" porque "hasta ahora no apareció una orden judicial".
