POLÍTICA
Sesiones extraordinarias: el Gobierno última detalles para retomar la agenda parlamentaria
Se discutirán reformas al Consejo de la Magistratura y varias iniciativas de carácter económico.
El martes, 25 de enero, el Gobierno publicará un decreto de convocatoria para comenzar con las sesiones extraordinarias que irán del 1 al 28 de febrero. El Ejecutivo busca que se aborden temas claves para el funcionamiento estatal.
Los detalles de las sesiones extraordinarias se conocerán en las próximas horas y para especificar el acuerdo, el presidente Alberto Fernández se reunió con la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. La convocatoria la dio a conocer el mandatario a través de sus redes sociales.
Fernández aseguró que se definió y se ordenó el temario de los proyectos que se tratarán en las sesiones extraordinarias. Hace unos días, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, explicó que la intención es acelerar discusiones claves.
Entre los proyectos centrales de la agenda está la reforma del Consejo de la Magistratura porque la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley aprobada en 2006 y en la que se redujo de 20 a 13 los miembros del organismo tripartito encargado de la selección de jueces, remover magistrados y aplicar sanciones.
La intención del Ejecutivo es lograr que el pleno eleve de 13 a 17 los miembros del Consejo de la Magistratura a fin de aumentar la representación de los jueces de tres a cuatro, de los abogados de dos a cuatro y de los académicos y científicos de uno a dos.
Para lograr estas reformas, el oficialismo requiere un acuerdo con la oposición, que se convirtió en la primera minoría en las dos cámaras del Congreso. Se requiere 129 votos en Diputados y al menos 37 en el Senado.
Las iniciativas económicas
El Gobierno también pretende incluir en las sesiones extraordinarias, varias iniciativas económicas que ya están en el Congreso, entre ellos la creación del Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, que tiene como objetivo consolidar el desarrollo del sector y generar unos 700 mil puestos de trabajo.
El objetivo es que hasta 2030 se incorporen nuevas tecnologías y beneficios fiscales e incentivos para la producción. Permite la devolución del IVA para llevar a cabo nuevas inversiones, además de cambios en la valuación del pago del impuesto a las Ganancias
