El Presupuesto 2023 obtuvo dictamen y será tratado en el Senado

Luego de solo dos sesiones en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el Presupuesto 2023 obtuvo dictamen de mayoría y será tratado en el recinto dentro de dos semanas.

El proyecto obtuvo el respaldo del interbloque el Frente de Todos, el cual confía en que el Presupuesto 2023 sea sancionado en ley el próximo 17 de noviembre cuando sea votado en la Cámara Alta.

Aunque existen algunos desacuerdos, y el interbloque de Juntos por el Cambio no acompañó el dictamen, el oficialismo asegura contar con los votos necesarios para que el Presupuesto 2023 sea sancionado. 

Esto, ya que se prevé que ocurra lo mismo que pasó en la Cámara de Diputados al votar el proyecto, cuando la bancada opositora acompañó el proyecto general. En la Cámara Baja, la iniciativa contó con 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones.

El debate en la Comisión del Senado fue mucho más corto que el que se llevó a cabo en Diputados, ya que se realizaron solo dos sesiones (miércoles y jueves) para tratar el proyecto.

El miércoles, la discusión inició con la presentación formal de la propuesta por parte del equipo económico conformado por los secretarios de Programación Económica, Gabriel Rubinstein; de Hacienda, Raúl Rigo, y de Finanzas, Eduardo Setti.

Aunque el ministro de Economía no estuvo presente, esa misma noche se reunió con los senadores del Frente de Todos. Finalmente, el jueves el proyecto obtuvo la firma del dictamen que habilita que el proyecto sea llevado al recinto.

Los puntos centrales del Presupuesto 2023

Entre los puntos principales, el proyecto plantea un gasto global de casi $29 billones, un déficit fiscal de 1,9%, una pauta inflacionaria de 60%. Además, se prevé destinar el 70% de los recursos a rubros sociales.

Asimismo, proyecta un crecimiento del 2%, un dólar oficial de $269, y un promedio de $219 a lo largo del año que viene.  Aunque el proyecto tiene media sanción, Diputados eliminó dos de los artículos más conflictivos: la extensión del Impuesto a las Ganancias sobre el Poder Judicial y la facultad delegada al Ejecutivo para subir retenciones.