Juicio político a la Corte Suprema: Rosatti y Rosenkrantz rechazaron los cargos

En el marco del juicio político que se lleva adelante contra la Corte Suprema, los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti respondieron por separado a la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados a las acusaciones que le formuló el oficialismo.

Los magistrados del máximo tribunal rechazaron los cargos provisorios por mal desempeño de sus funciones por los que fue iniciado el juicio contra la Corte Suprema. Los jueces fueron notificados hace tres semanas de las acusaciones y tenían plazo de contestar por escrito hasta este jueves.

De esta manera, Rosenkrantz y Rosatti rechazaron las acusaciones por mal desempeño, además, denunciaron que se han presentado “irregularidades” en el procedimiento contra la Corte Suprema.

Los magistrados presentaron en sus escritos que lo que buscan los legisladores es “condicionarlos, neutralizarlos o directamente cooptar” al tribunal y afectar “su independencia judicial”.

Al respecto, Rosenkrantz dijo: “Este procedimiento apunta a condicionar o remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria. Se trata de un ataque frontal a la separación de poderes y a la legitimidad de la función de la Corte Suprema en nuestro ordenamiento constitucional”.

Por su parte, Rosatti advirtió: “Los cargos formulados evidencian, por un lado, que se está enjuiciando a los miembros de esta Corte por el contenido de sentencias que no satisfacen los deseos de algunos integrantes de la Comisión y, por el otro, que con ello se pretende condicionar futuras decisiones del Tribunal en causas actualmente en trámite”.

Sobre las irregularidades denunciadas, habló de “pedidos de producción de prueba sin la previa intervención de un juez, cuando ello resultaba ineludible” y cuestionó el “trato hostil y descalificación personal o profesional a testigos, a algunos de los cuales se los interrogó sobre su vida privada y sus vínculos familiares sin justificación alguna en relación con la pertinencia de las preguntas”.

Rosatti cuestionó la garantía del proceso

El presidente del máximo tribunal consideró que "durante el trámite de investigación se cometieron irregularidades procesales que afectan seriamente la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitucional Nacional). Más allá de la naturaleza política de estos procesos, esas garantías resultan plenamente aplicables, como surge de la clásica y consolidada jurisprudencia de esta Corte".

Y agregó: "La gravedad de dichas irregularidades vicia la validez y eficacia del proceso, lo que será planteado -de ser necesario- por la vía y en la oportunidad que corresponda. A tal fin hago reserva de interponer todas las acciones y recursos legales, constitucionales y convencionales que me asistan, incluido el previsto en el artículo 14 de la ley 48”.