Denuncian ola de despidos por la suspensión de la obra pública en varias provincias

Javier Milei asumirá la presidencia el próximo domingo 10 de diciembre, y pese a que su gestión no ha empezado, ya se ven las consecuencias de algunas de las medidas que implementará como suspender la obra pública nacional.

El presidente electo, anticipó desde su campaña que el Estado no tiene dinero para financiar la obra pública, por lo que, tras su victoria, se han generado olas de despidos en varias provincias ante la paralización de los proyectos de infraestructura.

Desde la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción) de Neuquén confirmó que entre jueves y viernes de la semana pasada unos 500 trabajadores de empresas contratistas de obra pública recibieron telegramas de despido.

No obstante, la situación se ha extendido por todo el país. En los últimos días, 50 trabajadores que participaban en la renovación de vías fueron despedidos en Tucumán. A ello se sumaron los 110 despidos en La Rioja, donde actualmente hay 34 obras en ejecución que dependen de los recursos nacionales.

Un escenario similar se vive en Córdoba, donde la empresa Luciano SA desvinculó a 40 empleados en los últimos días de la obra autovía Río Cuarto-Holmberg. No obstante, previamente se habían realizado unos 100 despidos más.

Lo mismo ocurrió en Salta, donde 60 empleados fueron desvinculados de sus funciones. A raíz de ello, los trabajadores protestaron con un corte sobre la Ruta Nacional 50.

En tanto, en Catamarca donde se desarrollan actualmente más de 1.000 viviendas, están en vilo 3.000 puestos de trabajo que participan en el proyecto, pues ante las medidas que implementará Milei, no se descarta que se paralice el proyecto y por ende que se realicen más despidos.

La UOCRA advierte que 220 mil puestos de trabajo están en riesgo

Ante el cambio de gobierno, el sector denunció que de llevarse a cabo la suspensión de proyectos viales y de infraestructura a nivel nacional, como propone el presidente electo, 220 mil puestos de trabajo están en riesgo.

De esta manera, el gremio destacó que "el actual Gobierno aún en ejercicio tiene garantizada la ejecución de las partidas presupuestarias hasta diciembre próximo, lo que de hecho asegura la normal continuidad de las obras en curso, por lo que no hay argumentos válidos para justificar despidos, lo que no contribuye a la paz social".

Y agregaron: "La obra pública es en cualquier lugar del mundo una inversión y no un gasto. En especial en la Argentina, que requiere de un planeamiento estratégico a nivel de infraestructura para contribuir al desarrollo económico en el contexto de un déficit habitacional de aproximadamente cuatro millones de viviendas".