Consultora sugiere crecimiento del PBI y una inflación del 66% para 2023

El Gobierno presentó y defendió, al momento de mostrar el proyecto de Presupuesto 2023, que la inflación del año correspondería al 60%. Tanto el ministro de Economía, Sergio Massa, como el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, defendieron esta cifra y aseguraron que la forma de combatir la variación de precios sin afectar a los tejidos más sensibles de la sociedad es mediante el crecimiento económico.

La gran mayoría de las consultoras daban por hecho que el número propuesto por Massa y Pesce era imposible de conseguir, argumentos que la oposición utilizó para, en primera instancia, rechazar el proyecto de Presupuesto 2023. Sin embargo, la consultora Sarandí, presidida por Sergio Chouza, brindó sus estimaciones para el año, donde proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 2% y una inflación del 66%.

Además, Sarandí dijo que las reservas del BCRA crecerían en US$5.100 millones, por lo que se cumplirán las metas económicas de acumulación de 4.800 millones de dólares acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), asegurando los siguientes desembolsos de dinero. De acuerdo a la consultora, el reto más grande que tendrá que superar la administración de ahora en adelante es administrar el stock y flujo de dólares en un año electoral, donde la demanda de esta divisa aumenta, además de la inflación.

Chouza dijo que las importaciones tienen una relación directa con los niveles de actividad económica, por lo que el aumento del PBI deriva en un incremento en las importaciones de insumos necesarios para la producción de las distintas industrias del país. El Estado requiere dólares para pagar dichas importaciones, por lo que la administración de Massa deberá atender al sector del turismo, rubro que ingresa una importante cantidad de divisas.

El FMI sobre la inflación

El ente multilateral prestamista sugiere a la Argentina cumplir con las metas políticas y fiscales acordadas como medio para frenar la inflación. Sin embargo, las medidas que sugiere el FMI, y que la Argentina acata en su mayoría, corresponden a la quita de subsidios energéticos, recorte en planes sociales, despidos en la planta de empleados nacional y demás desarticulaciones en seguridad social por parte del Estado para reducir el gasto público.

De esta manera, podría desacelerarse la variación positiva de precios, pero al costo de dañar el tejido más sensible de la sociedad, las personas con menos recursos. El FMI asegura que la inflación está atacando a escala mundial las economías de los países y que se debe incurrir en crecimiento económico bajo y reducción de gastos alta para afrontarla. Varios actores sociales se preguntan: ¿a quién beneficia que baje la inflación, pero se apliquen reformas laborales que flexibilicen los despidos, quita de subsidios a consumidores y recortes en asistencia?