El Gobierno anunció la desregularización del servicio de rampa en los aeropuertos

El Gobierno argentino anunció una medida trascendental en respuesta al paro salvaje llevado a cabo por la empresa estatal Intercargo, que afectó gravemente las operaciones en los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza.

 La decisión del Gobierno de desregular el servicio de rampa en los aeropuertos del país marca un punto de inflexión en la gestión de los servicios aeroportuarios y tiene implicaciones significativas para el futuro del sector.

El conflicto comenzó cuando el gremio de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), liderado por Edgardo Llano, lanzó un paro salvaje en respuesta al despido de un empleado de Intercargo. Esta medida de fuerza resultó en la paralización de las operaciones de rampa, dejando a miles de pasajeros varados en los aviones y generando un caos en los aeropuertos.

 La situación se agravó cuando el Gobierno denunció al gremio y a los empleados involucrados por secuestro, debido a que los pasajeros quedaron atrapados en las aeronaves sin poder desembarcar.

En una conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, acompañado por los ministros Federico Sturzenegger, de Desregulación, y Patricia Bullrich, de Seguridad, anunció la desregulación del servicio de rampa en todos los aeropuertos del país.

"Es el fin de Intercargo tal como lo conocemos", declaró Adorni, subrayando que a partir de ahora podrán operar empresas privadas en este sector. La desregulación del servicio de rampa implica que el monopolio de Intercargo, la empresa estatal que hasta ahora tenía el control exclusivo de estos servicios, llegará a su fin.

Medidas

Esta medida permitirá la entrada de empresas privadas, lo que se espera fomente la competencia y mejore la eficiencia y calidad del servicio. Además, se habilitará a las fuerzas de seguridad, como la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), para intervenir en caso de paros sorpresivos, asegurando la continuidad de las operaciones aeroportuarias.

La decisión del Gobierno ha generado diversas reacciones. Por un lado, algunos sectores ven la medida como un paso necesario para modernizar y mejorar los servicios aeroportuarios, argumentando que la competencia puede llevar a una mayor eficiencia y mejores condiciones para los pasajeros. Por otro lado, los sindicatos y algunos empleados de Intercargo han expresado su preocupación por la posible pérdida de empleos y la precarización laboral que podría resultar de la entrada de empresas privadas.

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