MINISTERIO DE SEGURIDAD
El Ministerio de Seguridad pidió cobrar los gastos del operativo por las protestas en el Congreso
Solicitó una medida cautelar para que los responsables de los disturbios se hagan cargo.
El Ministerio de Seguridad, presentó este lunes ante la justicia que "se dicten las medidas cautelares correspondientes" para que las personas que participaron de las protestas en el Congreso y generaron disturbios, paguen por los gastos del operativo antipiquetes.
La cartera que dirige Patricia Bullrich, a través de un comunicado también indicó que se sumarán los gastos de tratamiento médico de los integrantes de las fuerzas de seguridad que resultaron lesionados por manifestantes durante las protestas, ya que según argumentó el Ministerio de Seguridad, se encontraban en “cumplimiento de su tarea profesional”.
De igual forma, el Ministerio de Seguridad solicitó que se embarguen los bienes de los manifestantes que causaron destrozos en los alrededores del Congreso durante la semana pasada, mientras se debatía la Ley Ómnibus.
La solicitud fue presentada ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “a fin de que sean reclamados a las personas y las organizaciones sociales responsables de los daños materiales y de los actos ilícitos investigados”, según argumentaron desde el Gobierno.
"Pedimos que se dicten las medidas cautelares correspondientes para proceder al cobro de los gastos de los dispositivos de seguridad desplegados por las Fuerzas Federales en relación con los sucesos ocurridos frente al Congreso Nacional los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero del corriente año", señaló la cartera.
Según detallaron, los costos del operativo suman un total de $134.486.038,08, que comprenden $55.489.310,44 para Gendarmería, $45.981.438,12 para Prefectura Naval, $555.289,52 para la Policía de Seguridad Aeroportuaria y $32.460.000 para la Policía Federal.
Referente a los gastos médicos de los policías lesionados, expresaron: "En cuanto se tengan, sumaremos a los gastos operativos devengados los costos del tratamiento médico de los integrantes de las fuerzas que han sido lesionados por los manifestantes en cumplimiento de su tarea profesional".
El Ministerio de Seguridad tendrá que dar explicaciones del protocolo antipiquetes
Ante una denuncia judicial presentada por el MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores), el juez Sebastián Casanello, le dio 72 horas a la cartera de Bullrich para que le entregue un informe donde explique en detalle con qué fundamentos jurídicos se creó dicho operativo.
En el informe se deberá fundamentar si la norma tuvo dictámenes previos de áreas especializadas y qué entidades nacionales e internacionales fueron consultadas, con el fin de saber "si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos".
