Qué sucederá con las prepagas tras la medida del Gobierno nacional

El Gobierno nacional ha tomado una decisión significativa en el ámbito de la salud privada, solicitando a las empresas de medicina prepaga retrotraer los precios a los valores de diciembre de 2023 y ajustarlos según la inflación.

Esta medida responde a la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos frente a los incrementos desmedidos en las cuotas de los servicios de salud. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Ministerio de Economía fue quien ha decidido tomar esa medida con las prepaga.

Además, se ha instruido a las empresas que los ajustes por los próximos seis meses no deben exceder el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que implica un límite en los aumentos que pueden aplicar.

Esta medida surge en un contexto de preocupación por la inflación y su impacto en los servicios esenciales. La Superintendencia de Salud ha presentado una medida cautelar para que las prepagas devuelvan a sus afiliados el monto que exceda la inflación cobrada desde diciembre.

Esto refleja la intención del gobierno de asegurar que los incrementos en las cuotas sean justos y proporcionales a la realidad económica del país. Si bien se había encomendado libertad en cuanto al manejo de los valores, muchos aseguran que hubo libertinaje en el mismo.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) ha lanzado acusaciones de "colusión" y prácticas anticompetitivas contra las entidades de medicina prepaga, lo que ha llevado a una investigación en curso.

Conducta abusiva

El gobierno sostiene que las prepagas han incurrido en una "conducta abusiva coordinada", registrando subas en las cuotas que oscilan entre un 142,7% y un 163,9% desde la liberación de sus precios en diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei.

La medida ha generado un debate sobre el equilibrio entre la libertad de mercado y la regulación gubernamental. Mientras que algunos argumentan que la intervención del Estado es necesaria para proteger a los consumidores, otros sostienen que podría afectar la calidad y sostenibilidad del sistema de salud privado.