En busca de reformas, el Gobierno reglamentó la primera parte de la Ley Bases
Ley Bases, sobre tablas.
El Gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, ha reglamentado la primera parte de la Ley Bases, una legislación que busca reformar profundamente el Estado. Esta reglamentación, publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 695/2024, abarca aspectos cruciales como las privatizaciones, el empleo público y los procedimientos administrativos.
Uno de los puntos más destacados de esta reglamentación de la Ley Bases es el enfoque en las privatizaciones. El decreto establece un marco para la privatización total o parcial de varias empresas estatales. Entre las entidades mencionadas se encuentran Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Corredores Viales y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).
También aparecen el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). El objetivo de estas privatizaciones es reducir el tamaño del Estado y mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
Según el gobierno, estas medidas permitirán una mayor participación del sector privado en áreas estratégicas, lo que se traducirá en una mejor calidad de los servicios y una reducción del déficit fiscal. Otro aspecto central de la reglamentación es la reforma del empleo público.
El decreto introduce cambios significativos en el régimen de estabilidad laboral para los empleados públicos. Según el artículo 52 del Capítulo IV, el personal afectado por las medidas de reestructuración que impliquen la supresión de órganos o funciones, o la reducción de la dotación óptima necesaria, quedará en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce meses.
Esta medida busca flexibilizar el empleo público y reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal. El gobierno argumenta que estas reformas son necesarias para lograr una gestión pública más ágil, eficiente y orientada al bien común.
Reglamentación
La reglamentación de la Ley Bases también aborda los procedimientos administrativos, con el objetivo de desburocratizar el Estado. Una de las principales novedades es la implementación del "silencio con sentido positivo". Esto significa que, en ciertos procedimientos administrativos, si la administración no responde dentro de un plazo determinado, se considerará que la solicitud ha sido aprobada.
El artículo 2° del decreto establece que la Jefatura de Gabinete de Ministros debe aprobar un cronograma de implementación de esta medida dentro de los quince días posteriores a la entrada en vigencia del decreto. Esta medida se aplicará a los procedimientos administrativos que se inicien después de las fechas previstas en el cronograma.
