Acceso a la información pública: el Gobierno admitió una posible marcha atrás
Rechazo unánime a la decisión del Gobierno.
El acceso a la información pública es un derecho fundamental en cualquier democracia, ya que permite a los ciudadanos conocer y evaluar las acciones de sus gobernantes. En Argentina, este derecho ha sido objeto de debate recientemente debido a un decreto emitido por el gobierno de Javier Milei que restringe el acceso a la información pública.
Esta medida ha generado un amplio rechazo de todo el arco político y de diversas organizaciones de la sociedad civil, lo que ha llevado al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a admitir la posibilidad de revisar y modificar la normativa encabeza por el Gobierno.
El decreto 780/2024, que modifica la Ley 27.275, establece nuevas definiciones y limitaciones sobre lo que se considera información pública y documento público. Según el decreto, no se entenderá como información pública aquella que contenga datos de naturaleza privada generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas, o que no tengan un interés público comprometido.
Además, redefine el concepto de documento público, excluyendo deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo y exámenes preliminares de asuntos. Estas restricciones han suscitado críticas de diputados de diversos partidos, incluyendo el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, así como de especialistas y ONG que trabajan en temas de transparencia y acceso a la información.
La exdiputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, calificó la medida como una “nueva avanzada de Milei” y destacó que limitar el acceso a la información pública por decreto es ilegal, ya que este derecho está reconocido en tratados internacionales de derechos humanos.
Ante este panorama, Guillermo Francos compareció ante la Cámara de Diputados para defender el decreto. En su intervención, Francos negó que la intención del gobierno fuera poner opacidad a la información pública, argumentando que el objetivo era ordenar los pedidos de acceso debido a la carga administrativa que representan.
Decreto
Sin embargo, también admitió que el decreto podría ser modificado si fuera necesario y que se realizarían consultas para evaluar las inquietudes planteadas. Francos intentó justificar la medida señalando que algunos mecanismos de acceso a la información no se utilizaban de buena fe, sino con intenciones contrarias.
Afirmó que el gobierno está dispuesto a analizar las dificultades que encuentran para acceder a todos los requerimientos y que se podrían hacer ajustes para mejorar la normativa. Esta postura conciliadora busca calmar las aguas en medio de un clima de fuerte rechazo y críticas generalizadas.
