Aliados del Gobierno advierten una nueva derrota en el Congreso
El Gobierno no da marcha atrás.
El reciente anuncio del Gobierno de no modificar el decreto que restringe el acceso a la información pública ha generado una fuerte controversia y ha puesto en evidencia las tensiones internas y externas que enfrenta la administración actual.
Este decreto, que ha sido criticado por diversos sectores, incluyendo aliados del propio Gobierno, ha sido un punto de conflicto que podría llevar a una nueva derrota en el Congreso. El decreto en cuestión fue emitido con el objetivo de restringir el acceso a la información pública, una medida que ha sido vista como un retroceso en términos de transparencia y acceso a la información.
La ley de acceso a la información pública, sancionada en 2017, había sido un avance significativo en la promoción de la transparencia gubernamental, permitiendo a los ciudadanos y periodistas acceder a datos y documentos oficiales.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó que no habrá modificaciones al decreto, alineándose con la postura de Santiago Caputo, un asesor presidencial influyente. Esta decisión contrasta con las declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien había sugerido la posibilidad de introducir cambios en el decreto durante su informe de gestión en Diputados.
Francos había mencionado que, dado el interés de los diputados y diputadas, el Gobierno estaba dispuesto a analizar posibles modificaciones. Sin embargo, Caputo rápidamente desautorizó esta posibilidad, generando nuevos cortocircuitos dentro del Gobierno.
Los aliados del Gobierno han advertido que esta postura intransigente podría llevar a una nueva derrota en el Congreso. La oposición, incluyendo bloques del PRO y otros partidos que han apoyado iniciativas del Gobierno en el pasado, ha expresado su rechazo al decreto y ha señalado que podrían sancionar una ley que deje sin efecto el decreto y amplíe el alcance de la norma de acceso a la información pública.
Voces
La diputada libertaria salteña Emilia Orozco mencionó que el decreto está actualmente en revisión, lo que sugiere que aún podría haber espacio para cambios. Sin embargo, la falta de consenso dentro del propio Gobierno y la presión de la oposición hacen que el futuro del decreto sea incierto.
La restricción del acceso a la información pública es vista como un retroceso en términos de transparencia gubernamental. La ley de 2017 había sido un avance significativo, y este decreto podría limitar la capacidad de los ciudadanos y periodistas para acceder a información crucial sobre la gestión pública.
