El Gobierno ajusta más y fijó por decreto el salario mínimo docente

El reciente decreto del Gobierno que fija el salario mínimo docente en 500.000 pesos ha generado una ola de críticas y tensiones en el ámbito educativo. Esta decisión, tomada de manera unilateral tras el fracaso de las negociaciones paritarias, ha sido calificada por los gremios docentes como un ajuste que profundiza la precarización del sector y afecta directamente a la calidad de la educación pública.

La medida del Gobierno fue oficializada a través de la Resolución 381/2025, publicada en el Boletín Oficial, y establece que el nuevo salario mínimo docente será el importe de referencia para las transferencias en las provincias que integran el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.

Sin embargo, el incremento del 19% respecto al salario anterior, que era de 420.000 pesos, queda por debajo de la inflación acumulada en el mismo período, lo que implica una pérdida del poder adquisitivo para los docentes. Los gremios, encabezados por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), han rechazado categóricamente esta decisión.

Argumentan que el monto fijado no solo es insuficiente para cubrir las necesidades básicas, sino que también sitúa a los docentes por debajo de la línea de pobreza. Según datos recientes, la canasta básica total para una familia tipo supera el millón de pesos, lo que evidencia la brecha entre el salario mínimo docente y el costo de vida real.

Además, los sindicatos han señalado que esta medida desconoce el derecho a la negociación colectiva, un logro histórico del sector educativo. La paritaria nacional docente, establecida por la Ley de Financiamiento Educativo, es un mecanismo fundamental para garantizar un proceso de diálogo y acuerdo entre el Estado y los trabajadores de la educación.

Al imponer unilateralmente el salario mínimo, el Gobierno no solo ignora este derecho, sino que también debilita las condiciones laborales y salariales de los docentes. El impacto de esta decisión trasciende el ámbito salarial. Los gremios advierten que la precarización de los ingresos docentes afecta directamente a la calidad de la educación pública.

Salarios

Con salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, muchos docentes se ven obligados a buscar empleos adicionales, lo que reduce el tiempo y la energía que pueden dedicar a la enseñanza. Además, la falta de incentivos económicos dificulta la atracción y retención de profesionales calificados en el sistema educativo.

La medida también ha generado tensiones en las provincias, donde los gobiernos locales enfrentan desafíos adicionales para cumplir con las transferencias salariales. En muchas jurisdicciones, los salarios docentes ya estaban por debajo del mínimo nacional, lo que agrava las desigualdades regionales en el acceso a la educación de calidad.

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