La postura del Gobierno con los empleados que reprobaron la prueba de idoneidad

El Gobierno anunció que los empleados públicos que no aprobaron la Evaluación General de Conocimientos y Competencias serán desvinculados de sus cargos a partir del segundo semestre de 2025. La medida, oficializada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 48/2025, busca aumentar la eficiencia en las contrataciones del personal estatal y garantizar que los trabajadores cuenten con las competencias necesarias para sus funciones.

Desde el inicio de la gestión, el Gobierno ha impulsado una serie de reformas en el sector público con el objetivo de optimizar el funcionamiento del Estado. En este marco, se implementó la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, un examen obligatorio para los empleados estatales que buscan renovar sus contratos o ingresar a la administración pública.

A finales de 2024, un total de 40.000 trabajadores de la planta transitoria participaron de la evaluación. Según datos oficiales, el 95% de los empleados aprobó el examen, mientras que el 5% restante no logró superar la prueba.

Ante esta situación, el Gobierno decidió prorrogar todos los contratos vigentes hasta el 31 de marzo de 2025, con la intención de desvincular a los trabajadores que no cumplieron con los requisitos de idoneidad.

La nueva normativa, que entrará en vigencia el 1 de julio de 2025, establece que solo podrán ser contratados o renovar sus contratos aquellos empleados que hayan aprobado la evaluación. En caso de que un trabajador tenga un contrato vigente posterior al 30 de junio, este será anulado debido a la entrada en vigencia de la nueva normativa.

La medida afectará a todo el Sector Público Nacional, incluyendo: Funcionarios de la administración nacional y organismos descentralizados. Empresas y sociedades del Estado. Sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Entes públicos con autarquía financiera. Fondos fiduciarios integrados con bienes y fondos del Estado.

Decisiones

Además, el Gobierno instó a los representantes del Estado que participan en empresas y organizaciones con participación estatal mayoritaria a implementar medidas similares, asegurando que las contrataciones se realicen conforme a la normativa vigente.

La decisión del Gobierno ha generado diversas reacciones en el ámbito político y sindical. Mientras algunos sectores consideran que la medida es un avance hacia la profesionalización del empleo público, otros advierten que podría generar despidos masivos y afectar la estabilidad laboral de miles de trabajadores.

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