Jair Bolsonaro será acusado por 11 delitos debido a su desempeño durante la pandemia

La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que indaga sobre la gestión del Gobierno de Brasil durante la pandemia por coronavirus pedirá que se acuse al presidente Jair Bolsonaro de crímenes contra la Humanidad, genocidio del pueblo indígena, entre otros delitos.

El informe de la comisión del Senado será presentado el martes, posteriormente será votado y se enviará a la Fiscalía para que actúe de oficio y decida si hay suficientes argumentos en contra de Jair Bolsonaro. Solo la Oficina del Fiscal General tiene el poder para perseguir acciones legales en contra del presidente de Brasil.

Los 11 delitos por los que acusan a Jair Bolsonaro son: transgresión de medidas preventivas sanitarias; crimen de epidemia con resultado de muerte; uso ilegal de fondos públicos; falsificación de documentos privados; incitación al crimen; curanderismo o promoción de la medicina falsa; genocidio contra el pueblo indígena; prevaricación; crimen de responsabilidad; homicidio por fallar en la lucha contra la pandemia y crímenes contra la humanidad.

El informe será presentado por el principal relator de la CPI, Renan Calheriros, senador del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), quien explicará los datos y análisis recopilados durante los últimos seis meses de trabajo de la comisión que concluyó por unanimidad la negligencia del mandatario.

Jair Bolsonaro no es el único posible imputado, la comisión solicitará que se responsabilice al menos a una treintena de personas por diferentes delitos, entre ellos, el robo y la malversación de fondos.

No es la primera acusación contra el presidente brasileño

Bolsonaro ya fue acusado de genocidio en contra del pueblo indígena en agosto, cuando la principal organización de los pueblos indígenas en Brasil, APIB, presentó una demanda contra el mandatario con base en un informe en el que se detalla cómo 1.162 personas de hasta 162 comunidades originarias perdieron la vida por la gestión de salud y medio ambiente que llevaron a cabo las autoridades.

El documento explica que el jefe de Estado permitió, por omisión de funciones en material medioambiental, que se produjera un genocidio, debido al desmantelamiento de los servicios públicos de protección social, que permitieron, entre otras cosas, las deforestaciones ilegales, el asalto de tierras y los incendios provocados.