Justicia de Cuba sentencia a 10 años de prisión a uno de los manifestantes de las revueltas de julio

Roberto Pérez Fonseca, uno de los más de 800 cubanos que fueron detenidos el pasado mes de julio por participar en las masivas movilizaciones contra el Gobierno de Cuba, ha sido condenado esta semana a cumplir una severa sentencia de diez años de prisión por múltiples delitos en su contra, entre ellos desacato a las autoridades.

En total, este cubano ha sido acusado de cinco delitos: atentado contra las fuerzas de seguridad, alteración del orden público, desacato a las autoridades e instigación para delinquir. Además, el Tribunal Municipal Popular de San José de las Lajas (ubicado a unos cuantos kilómetros de la ciudad de La Habana, capital de la isla antillana) le imputó un delito extra por “incumplimiento de la orden de confinamiento” estipulada por el Gobierno de Cuba para contener el brote de la pandemia. 

Según detalló la agencia de noticias francesa AFP, la sentencia contra Pérez Fonseca fue fechada el día 6 de octubre, pero no fue sino hasta hoy que sus familiares fueron notificados por los alguaciles del Tribunal de Cuba.

Por su parte, la familia del acusado y un grupo de abogados de la Organización No Gubernamental (ONG) Cubalex (con sede en Miami) han denunciado la supuesta “parcialidad” del proceso y han decidido apelar la sentencia. En un comunicado, la ONG condenó que el juicio contra Pérez Fonseca se  realizó “casi de forma secreta” y criticaron que “no se le haya permitido presentar testigos”.

“El único testigo que fue llamado a declarar fue el policía Jorge Luis García Montero, a quien supuestamente Roberto Pérez Fonseca atacó durante su arresto. Todo el juicio y la sentencia estuvo completamente parcializado y se basó en una sola declaración”, reveló la misiva de Cubalex. 

Convocatoria para nuevas movilizaciones 

En este contexto, diversas organizaciones sociales y movimientos de oposición en Cuba han reiterado el llamado para una nueva jornada de movilizaciones antigubernamentales para el próximo 15 de noviembre, mismas que han sido prohibidas por el Gobierno cubano.

El pasado 1 de octubre, las autoridades del Estado negaron la petición para la movilización pacífica de mediados de mes por considerarlas “una provocación y un intento de desestabilización para el sistema político de la isla”. 

En un decreto oficial, Cuba expresó lo siguiente: “Bajo ningún concepto permitiremos que agentes financiados por países extranjeros utilicen el derecho a la movilización para desestabilizar e intentar derrocar el proyecto socialista de la República de Cuba. Por consiguiente, queda denegada la solicitud para la marcha del día 15 de noviembre. Cualquier intento de movilización será repelido por los agentes de seguridad del Estado”.