Narcotráfico, hacinamiento y corrupción: los detonantes de la crisis carcelaria en Ecuador

Unos 119 fallecidos y al menos 80 heridos fue el saldo que dejó la espeluznante masacre en el penal de máxima seguridad de Guayaquil, Ecuador. Un horrible episodio de violencia que fue calificado por las autoridades como “la peor matanza registrada en la historia carcelaria del país” y una de las más sangrientas de toda Latinoamérica.

El pasado martes, varias bandas rivales de la Penitenciaría del Litoral (al centro del país) iniciaron un mortal enfrentamiento armado para hacerse del control total del Centro de Privación de Libertad Número 1 de Guayaquil, el recinto penitenciario más grande y superpoblado de todo el Ecuador. 

El motín arrancó en horas de la mañana, con un sin fin de detonaciones de armas de fuego, explosiones de granadas y demás artefactos de fabricación casera. Durante todo el día, el fuego cruzado dentro del penal no se detuvo y los efectivos de seguridad de la policía de Ecuador no pudieron ingresar al recinto sino 24 horas después de lo sucedido. 

Ya el día miércoles, se realizó la primera intervención (militar y policial) al penal de máxima seguridad de Guayaquil, pero el escenario que se encontraron adentro fue devastador: decenas de cadáveres apilados, muchísimas personas heridas, pabellones completamente calcinados y un estado de anarquía total. 

Los enfrentamientos siguieron aún con la policía dentro del penal, dado que los grupos armados se negaban a ceder el control de la cárcel. Según la Dirección Nacional de la Policía de Guayaquil, los privados de libertad abrieron fuego contra la policía para defender su territorio y no perder el control de su armamento.

Pero no fue sino hasta la madrugada del jueves que los efectivos de seguridad pudieron “retomar el control total de la cárcel”. En el operativo de allanamiento se encontraron decenas de armas de fuego (largas y cortas), cartuchos, municiones, granadas y un sin fin de artefactos calificados como armas blancas. 

Este violento episodio obligó al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, a declarar el estado de excepción en todas las cárceles del país, con el fin de reformar su viciado sistema penitenciario. Sin embargo, expertos en la materia aseguran que “el país no tiene recursos ni infraestructura necesaria para mejorar su resquebrajado sistema carcelario”. 

Narcotráfico, hacinamiento y corrupción: el punto de quiebre del Ecuador 

En una entrevista para la agencia de noticias francesa (AFP), el catedrático ecuatoriano, Rubén Robles, experto en temas carcelarios y de Derechos Humanos, explicó que “el Estado de Ecuador no cuenta con los recursos suficientes para atender a los casi 40 mil privados de libertad que pagan condenas en las cárceles del país”; al tiempo que destacó que “el problema no es solo de dinero, sino estructural y social”. 

Para el abogado, el motín en la Penitenciaría del Litoral solo dejó en evidencia las profundas grietas que existen dentro del sistema carcelario del Ecuador y las enormes limitantes a las que se enfrentan las autoridades penitenciarias del país.

“El sistema penitenciario del Ecuador es limitado. Solo hay 32 cárceles en todo el país y estas tienen una capacidad máxima para a casi 7.000 privados de libertad. Pero las cifras reales son otras: nuestro país cuenta con casi 40.000 internos, lo que deja claro que el hacinamiento es el primer problema del sistema carcelario”, explicó el doctor Robles.

De igual forma, hizo mención a los retardos procesales y la burocracia judicial, dos flagelos que, en su opinión, “han interferido en el saneamiento de las cárceles ecuatorianas''. El jurista destacó: “La corrupción y el lento procesamiento carcelario ha provocado que nuestros sistemas colapsen, dado que más del 30% de los privados de libertad en el país se encuentran en espera de juicio o están detenidos sin causas probables. Esto debe cambiar”, acentuó.

Finalmente, cuando se le preguntó sobre la supuesta permeabilidad de las bandas criminales en todo el sistema penitenciario del Ecuador, el catedrático no solo cargó contra la delincuencia, sino que responsabilizó de este incremento del crimen organizado a los agentes de seguridad de las prisiones. 

“Son los funcionarios públicos los que deben limpiar las prisiones, garantizar que no ingresen armas ni estupefacientes. Es su deber controlar el crimen organizado, pero no lo hacen. No cumplen con su trabajo porque muchos son sobornados por los mismos internos, quienes pagan cantidades de dinero por teléfonos y armas. ¿Y de dónde proviene este dinero? del descarado narcotráfico dentro de las cárceles”, denunció el experto en temas carcelarios del Ecuador. 

Así inauguren nuevas cárceles para desahogar el hacinamiento, la violencia  y la corrupción siempre estarán latentes en nuestras cárceles, porque es un problema social.