BOLIVIA
El presidente de Bolivia derogó la ley que desató el paro nacional, pero este continúa
Los organizadores de las manifestaciones en Bolivia aseguraron que seguirán de forma indefinida.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió a las organizaciones sociales que mantengan las movilizaciones para defender la democracia, pero sin afectar al resto de la población y más tarde anunció que envió a la Asamblea Legislativa un anteproyecto para la abrogación de la ley 1386.
En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Freddy Mamani, confirmó que en la sesión legislativa de este día quedará relegada la normativa, que según la oposición facilita la fuga de capitales del país sudamericano.
Pese a estos pronunciamientos oficiales, el líder del Comité por Santa Cruz, Rómulo Calvo, se reunió con diferentes sectores gremiales y de transporte para acordar una masiva concentración ciudadana que no levantará el paro iniciado el 8 de noviembre en Bolivia.
La norma 1386 incluye una serie de estrategias de lucha contra la legitimación de ganancias y suma varias iniciativas que fueron cuestionadas por los movilizados. Para su aprobación se requería un tercio de los votos de la Asamblea Legislativa.
A qué se comprometió el presidente Arce
Además del anuncio de la derogación de la ley, a una semana de las protestas y huelgas a nivel nacional, durante las que perdió la vida un manifestante y se denunció un presunto trasfondo político para desestabilizar a su administración.
Hemos tomado la decisión de abrogar la ley para que no haya más pretextos de paralizar la economía.
Arce se pronunció públicamente en un mensaje que se transmitió a nivel nacional y se mostró rodeado de dirigentes sindicales afines a su Gobierno, en un intento de llevar tranquilidad a la población del territorio boliviano.
La ley en conflicto fue aprobada en agosto y era parte de los compromisos internacionales que asumió Bolivia y prometía controles y sanciones para reducir el uso de recursos por parte de organizaciones del crimen organizado.
Los opositores denunciaban que la normativa perjudicaba a los sectores informales que representan más del 70% de la economía y argumentan que el Gobierno podría utilizar esta ley para perseguir a los que no están de su lado y para manipular a la Justicia.
