COLOMBIA
Colombia aprobó una ley que abre la puerta a sanciones para el trabajo periodístico
La normativa aprobada por los diputados de Colombia modifica el Código Penal.
La Cámara de Representantes de Colombia aprobó un polémico artículo de una nueva ley que pretende acabar con la corrupción a partir de reformas al Código Penal. La modificación aumenta las penas por injurias y calumnias en contra de funcionarios, lo que podría generar malas interpretaciones y afectar el trabajo periodístico.
La decisión de los diputados de Colombia fue rechazada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que lo consideró un ataque a la libertad de prensa y aseguró que representa un peligro similar al que promovían las leyes de desacato que proliferaron en la región en décadas pasadas y se volverían una realidad para el país sudamericano.
La nueva normativa propone de 60 a 120 meses en prisión para quienes denuncien hechos falsos sobre funcionarios y sus familiares, lo que significa que Colombia pondrá restricciones a las publicaciones o investigaciones que llevan a cabo los medios de comunicación.
La ley castiga las injurias y las calumnias hacia trabajadores públicos y duplica las penas avaladas en 2004. Según el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Jonathan Bock, la reforma fue votada por 73 congresistas y abre la puerta a la represión de la prensa.
El profesional comparó la decisión con lo que ocurre en Venezuela y Nicaragua. “Es una censura, es una vergüenza. Viola las garantías básicas de la libertad de expresión al impartir medidas penales desproporcionadas”, criticó Bock.
La ley incluye multas
La reforma incluye multas de hasta 1.359 millones de pesos, equivalentes a 345 mil dólares, para los condenados por los nuevos delitos. Algo que resulta incosteable para un comunicador y podría convertirse en una salida fácil para procesar periodistas.
La SIP alertó hace una semana del peligro del proyecto y pidió a las autoridades del territorio colombiano que eliminaran el artículo. Jorge Canahuati, presidente de la entidad, señaló que es un retroceso de los avances logrados en América Latina para lograr la libertar de expresión.
