ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos sancionó a dos funcionarios de El Salvador por negociar con las pandillas
Las autoridades norteamericanas mantienen una tensa relación con el Gobierno de El Salvador.
Estados Unidos incluyó a dos funcionarios de El Salvador en su lista de sanciones, al viceministro de Justicia de El Salvador, Osiris Luna y al director de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia, Carlos Amílcar Marroquín.
La administración de Joe Biden les atribuye actos de corrupción relacionados con acuerdos sellados con las pandillas a fin de reducir la delincuencia. Estos grupos son el principal flagelo de la nación centroamericana y la causa más reiterada los migrantes que deciden abandonar El Salvador.
Fuente: (El Faro)
El Departamento del Tesoro considera que el Gobierno de Nayib Bukele hubo negociaciones con los grupos criminales, entre ellos la Mara Salvatrucha, considerada por Estados Unidos como una organización terrorista y que tiene gran presencia en El Salvador.
Los funcionarios señalados por Estados Unidos habrían sostenido reuniones secretas con los líderes criminales y avalaron el acceso a cárceles de miembros de las bandas en busca de acuerdos secretos, igual que hizo en el pasado, durante la administración del expresidente Mauricio Funes.
Entregaron dinero a las pandillas
Según el reporte de Estados Unidos, las autoridades de este país dieron incentivos económicos a las bandas criminales para generar una falsa reducción de la delincuencia y atribuir la situación a una exitosa gestión de Bukele.
Los criminales detenidos accedieron a privilegios como teléfonos celulares, el ingreso de mujeres a los penales, entre otras acciones que beneficiaron a sus familias.
El intercambio en la gestión también incluyó que los pandilleros respaldaran la campaña política de Nuevas Ideas, partido que llevó a Nayib Bukele y que actualmente lidera la Asamblea Legislativa.
El oficialismo ha hecho polémicos cambios en las instituciones de El Salvador, entre ellos la destitución del fiscal general y la imposición de uno afín al Gobierno; la suspensión de jueces con larga trayectoria, la modificación de la constitución para permitir la reelección de Bukele y la aprobación de una ley que permitirá la expropiación de inmuebles.
