Ascienden a 37 los fallecidos por violencia policial en Colombia, según una ONG

La ONG Temblores, una organización que monitorea el accionar de la fuerza pública en Colombia, reportó que, desde que comenzaron las protestas contra el Gobierno de Iván Duque, 37 personas fueron “víctimas de violencia homicida por parte de la policía”. Anoche, las caóticas escenas se trasladaron hasta el Congreso de la República.

Los números oficiales son mucho menores que los denunciados por la ONG. Según la Defensoría del Pueblo, hubo 24 homicidios durante las manifestaciones, pero la Fiscalía de Colombia señaló que 11 muertes fueron en el contexto de las protestas, mientras que 7 “están en verificación” y 6 “no tienen vínculo” con las manifestaciones. Además de las víctimas fatales, Temblores registró 1708 casos de violencia policial, incluidas más de 800 detenciones arbitrarias, 110 disparos con arma de fuego y 10 casos de violencia sexual por parte de las fuerzas. 

Por qué siguen las protestas

El miércoles 28 de abril, los ciudadanos del país sudamericano salieron a las calles para que el Congreso no aprobara el proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno del presidente Iván Duque. Días después, tras una fuerte presión ciudadana y la escalada de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, el mandatario retiró el proyecto y aceptó la renuncia de su ministro de Hacienda. No obstante, las protestas siguieron. Es que los colombianos tienen muchos asuntos pendientes que quieren cambiar. 

Uno de ellos, es una reforma de la policía. Colombia es un país que está en guerra desde hace 60 años, y su policía y fuerzas de seguridad (que dependen del Ministerio de Defensa) están formadas y estructuradas para responder a un enemigo concreto: las guerrillas. Por ello, al afrontar las manifestaciones ciudadanas, utilizan un nivel de violencia inusitado. Lo que los colombianos quieren, entonces, es que la policía los trate como ciudadanos que luchan por sus legítimos derechos, y no como subversivos. Además, piden que su accionar esté sujeto a mecanismos de sanción que sean imparciales y rigurosos.

Además, exigen que se implemente de una mejor manera el acuerdo de paz firmado en 2016, entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Este acuerdo nunca fue implementado correctamente por el Gobierno de Duque. En lo que va de su gestión, aumentaron los asesinatos a líderes sociales, los desplazamientos masivos de poblaciones aisladas y las masacres. La ciudadanía exige que el presidente deje de lado el discurso guerrista que lo caracteriza (en línea con el discurso del expresidente Álvaro Uribe), para que el país pueda avanzar, de una vez, hacia una era de posconflicto.

Por otro lado, los colombianos anhelan otra economía para su nación. La reforma tributaria presentada por Duque tenía como objetivo equilibrar las cuentas del Estado, algo que es necesario para el país. Sin embargo, el problema estuvo en que la mayor parte de la recaudación vendría de las clases medias y bajas, ya muy golpeadas por la pandemia, mientras que las clases altas ni siquiera se hubiesen inmutado por la reforma. El presidente colombiano es conocido por ser un fuerte aliado del sector privado y también de los sectores terratenientes, por lo que representa el modelo económico que llevó al país a ser el segundo más desigual de América Latina y el séptimo del mundo. Un cambio en lo económico también está, así, en el centro de la protesta.