BRASIL

Bolsonaro contra las cuerdas: nuevo caso de posible corrupción en la compra de vacunas en Brasil

Sumarán una nueva investigación al escándalo por la sobrefacturación de Covaxin.
domingo, 27 de junio de 2021 · 21:05

La CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) que estudia la gestión sanitaria de Jair Bolsonaro en Brasil anunció que abrirá una nueva investigación contra el presidente por una supuesta sobrefacturación en la compra de 60 millones de dosis de vacunas CanSino. La operación había contado con la participación de una empresa que es investigada por la Policía Federal y vinculada a los empresarios bolsonaristas Carlos Wizard y Luciano Hang.

El negocio comenzó en junio, cuando el Gobierno del país vecino concretó la compra de vacunas por un valor de 17 dólares por cada dosis, el valor más alto que haya pagado por una inyección, según indicó el medio O Globo. Sin embargo, el caso no llamó la atención hasta mediados de junio, cuando se hizo pública la intención del Ministerio de Salud de Brasil de adquirir la fórmula de CanSino.

 

El escándalo por el caso Covaxin

Esta semana se desató un escándalo por un contrato dudoso firmado con el aval de Bolsonaro para la compra sobrefacturada de 20 millones de dosis de vacunas de Covaxin a la farmacéutica india que lo produce.

El ministro de salud Eduardo Pazuello fue señalado como uno de los responsables de las negociaciones. 

El titular de la CPI aseguró que “esta denuncia es la más grave presentada hasta ahora contra el Gobierno”. A estas palabras, se sumaron las declaraciones de Humberto Costa, otro de los miembros de la comisión y exministro de Salud durante la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva. El senador aseguró que “hay que ir a fondo en la investigación para saber si hubo corrupción y si el presidente incurrió en improbidad administrativa o prevaricato”. Ambos delitos podrían sentar un precedente para un pedido de juicio político contra el jefe de Estado de Brasil.

Según denunciaron, Jair Bolsonaro fue informado de las maniobras fraudulentas que implican una operación por 300 millones de dólares y, sin embargo, no habría tomado medidas para impedirla. Cuando los hechos tomaron público conocimiento, el mandatario desconoció la situación y negó haber tenido algún vínculo con el negocio. No obstante, la CPI será la encargada de determinar las responsabilidades del caso.