Bolivia

Tras cuatro meses detenida, la Justicia de Bolivia negó la prisión domiciliaria a Jeanine Áñez

La expresidenta de facto boliviana planteó que le impiden su “derecho a defenderse en libertad”.
martes, 13 de julio de 2021 · 11:34

Bolivia avanza en la investigación sobre los responsables del Golpe de Estado de noviembre de 2019 que terminó con el Gobierno del expresidente Evo Morales. Lógicamente, Jeanine Áñez es una de las principales implicadas.

En este sentido, la Justicia de dicho país rechazó el recurso presentado por la defensa de la ex mandataria de facto en el que solicitaban la prisión domiciliaria.

Jenanine Áñez pide esperar la sentencia de la Justicia en libertad o prisión domiciliaria.

Al respecto, el juez primero de la Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto, Antonio Amaru, señaló que aún no hay una resolución sobre la ampliación de la detención preventiva. En principio, iba a ser de cuatro meses, plazo que se acaba de cumplir, pero se prolongó a seis.

Por su parte, en su cuenta de Twitter, Áñez se definió como “expresidenta constitucional” y sostuvo que le “volvieron a negar” el “derecho a defenderse en libertad”. “La ampliación de cuatro a seis meses de la detención preventiva es ilegal”, publicó.

 

La causa “Golpe de Estado”

A Jeanine Áñez se la acusa en el caso caratulado como “Golpe de Estado” y desde el 14 de marzo se encuentra en prisión preventiva en un centro penitenciario en La Paz, la capital de Bolivia.

22 personas perdieron la vida en las protestas de Sacaba y Senkata.

En tanto, uno de los abogados de la exmandataria de facto, Alain de Canedo, citado por la agencia de noticias DW, indicó que “el juez señaló la falta de un documento (resolución judicial) sin la cual no se podía analizar su caso. Sin embargo, se la remitió, o no la observó”.

Asimismo, Áñez también está implicada en las masacres de Sacaba y Senkata, mencionadas últimamente en Argentina por el envío de provisiones por parte del Gobierno del entonces presidente argentino Mauricio Macri. En ese hecho, se la acusa de genocidio.

Finalmente, es investigada por la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin la aprobación del Parlamento, la emisión de un decreto contra la libertad de expresión y la ampliación de la concesión del Servicio Público de Registro de Comercio.