PERÚ
Pedro Castillo solicitó una Asamblea Constituyente en Perú y pidió el apoyo del pueblo
La fuerza política que lo llevó como candidato presidencial comenzó a juntar firmas a favor de la iniciativa.Pedro Castillo ganó en el ballotage por 44 mil votos de diferencia, pero hasta el momento no ha sido proclamado como presidente electo de Perú. Las sucesivas (e infundadas) denuncias de fraude presentadas por su rival, la derechista Keiko Fujimori, todavía obstaculizan el reconocimiento oficial del resultado electoral.
Ante esta situación que se dilata y tal como prometió en campaña, el presidente electo del país andino llamará a la renovación de la Carta Magna. La confirmación de esta nueva iniciativa estuvo a cargo del diputado peruano Guillermo Bermejo, quien anunció la convocatoria para juntar firmas que avalen un referéndum a una convocatoria de una Asamblea Constituyente que modifique la ley madre que rige en Perú desde 1993.

Posicionado como presidente virtual, Castillo sostuvo: “El 28 de julio, iniciando el mensaje a la Nación, vamos a ponerle frente al Congreso el primer pedido del pueblo: que agende inmediatamente la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente para hacer con el pueblo la primera Constitución del pueblo”.
De esa manera, el político y maestro rural intenta aparecer ya como la futura máxima autoridad de Perú, mientras las presentaciones de Fujimori son rechazadas una y otra vez por los Jurados Electorales Especiales debido a la falta de pruebas que sostengan sus argumentos sobre un supuesto fraude.

Por qué una reforma constitucional
La Constitución que se encuentra actualmente en vigencia data del año 1993 y fue redactada durante el mandato del exdictador Alberto Fujimori, padre de Keiko. En su texto, solo habilita la realización de cambios introducidos por el Congreso y no posibilita la consulta a la ciudadanía, un rasgo evidentemente poco democrático.
Según los impulsores de la Asamblea Constituyente, las modificaciones que se pretenden realizar colaborarían en que al menos unos 200 conflictos sociales que no se encuentran contemplados en el texto de la ley puedan encuadrarse y ser resueltos.