Fiscalía de Bolivia descarta las denuncias de fraude en las elecciones de 2019

La Fiscalía General de la República de Bolivia presentó los resultados de un informe internacional donde se confirma la “legalidad de los resultados electorales” arrojados durante los comicios presidenciales del 2019, cuando Evo Morales resultó reelecto con mayoría de votos para lo que sería su cuarto mandato presidencial.

El análisis pericial del proceso electoral boliviano, elaborado por la Universidad de Salamanca, en España, encontró que “no existió manipulación externa de los resultados comiciales” y, por ende, se descarta “la existencia de un presunto fraude en las actas del sufragio”, tal como lo habría argumentado la oposición del país; una denuncia que también fue respaldada por la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Según el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, las investigaciones confirmaron que, en efecto, el expresidente Evo Morales ganó las elecciones en el país y que la supuesta manipulación de los datos electores que argumentó la oposición nacional “no existió”, por lo que se descarta también el informe presentado días más tarde por la OEA.

Por su parte, la bancada oficialista asevero que el presunto fraude electoral “fue una excusa para provocar la desestabilización nacional en el país y generar un clima de caos e ingobernabilidad”, tal y como ocurrió en la nación después del 20 de octubre (día de las elecciones).

Recordemos que días después de las elecciones presidenciales, la oposición boliviana tomó las calles del país en rechazo a este supuesto fraude en las urnas, lo cual desencadenó una intensa ola de protestas y disturbios antigubernamentales que obligaron a Evo Morales a dimitir de su cargo y a abandonar el territorio nacional. 

La auditoría realizada por la OEA

El contundente informe presentado en 2019 por este organismo internacional avaló la supuesta “manipulación y parcialidad de los comicios”, lo cual representó un punto de quiebre para el entonces Gobierno de Bolivia.

De acuerdo con la auditoría evidenciada por la OEA, se comprobó una presunta manipulación dolosa en dos escenarios: la alteración de las actas electorales y falsificación de las firmas de los jurados de mesas, y la supuesta aparición de dos servidores a donde se transmitieron los resultados reales de los cómputos, mismo que, al parecer, no eran controlados por el organismo electoral. 

Además se denunció la supuesta quema de actas electorales, la inconsistencias de los votos emitidos en el extranjero y la presunta caída “provocada” del sistema de contabilización electoral, un hecho que la OEA vinculó con la “manipulación de las elecciones”.

La OEA desconoció la legalidad de los resultados electorales y argumentó que “era imposible corroborar el resultado”, dado el estrecho resultado que separaba a los entonces candidatos, Carlos Messa y Evo Morales.