“Inaceptable”: El Salvador responde a Nicaragua por la nacionalización de Sánchez Cerén

Después de que la Justicia salvadoreña emitiera orden de búsqueda y captura contra el expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y otros cuatro exfuncionarios públicos de su entonces administración, el Gobierno de Nicaragua decidió otorgarle la nacionalidad de dicho país al político y a otros miembros de su familia para evitar la extradición de estos a la nación vecina, donde enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.

La polémica medida, anunciada por el mismo presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, ha incrementado las tensiones entre San Salvador y Managua, dado que Sánchez Cerén no es el único expresidente de este país que ha conseguido eludir a la justicia salvadoreña al refugiarse en suelo nicaragüense. 

Mauricio Funes, también exmandatario de El Salvador, huyó hasta Nicaragua en el 2019 y solicitó la nacionalidad para evadir a la justicia, en vista de que las autoridades emitieron una ficha roja de Interpol en su contra (también por delitos de corrupción). El Gobierno nicaragüense es uno de los pocos latinoamericanos que no firmó el tratado de seguridad con este organismo de policía internacional. 

La respuesta de El Salvador

Como era de esperarse, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, expresó su enérgico rechazo ante la decisión de Nicaragua de “nacionalizar a un prófugo de la justicia” y calificó la medida como “inaceptable”. Al mismo tiempo, criticó el sistema de justicia nicaragüense en un mensaje en su cuenta verificada de Twitter. 

A quienes acogió Nicaragua

Además de entregarle la nacionalidad al expresidente Salvador Sánchez Cerén y al exministro de Obras Públicas de El Salvador, Gerson Martínez, el gobierno sandinista de Daniel Ortega nacionalizó a la esposa del exdirigente, Rosa Margarita Villalta; a la única hija del matrimonio, Claudia Sánchez Villalta; y al nieto del político salvadoreño, todos relacionados con esta entramada de corrupción que data de la época presidencial de Mauricio Funes.

La Fiscalía encontró pruebas incriminatorias contra nueve exfuncionarios del gobierno abanderado por el partido Arena. Al parecer, durante los cinco años de su mandato, los entonces ministros y el mismo presidente cobraron sobresueldos, crearon empresas ficticias y despilfarraron las arcas del Estado.