Uruguay: reúnen más de 700.000 firmas para derogar la cuestionada ley estrella de Luis Lacalle Pou

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, hizo campaña durante 2019 con la promesa de impulsar en el Congreso la Ley de Urgente Consideración (LUC) que modifica legislaciones vinculadas con la seguridad pública, la educación y la vivienda. Sin embargo, un año después, recibió un fuerte rechazo popular.

En este sentido, diferentes organizaciones sociales y políticas del país vecino juntaron 763.443 firmas, más de 100.000 por encima de lo necesario, para solicitar ante la Corte Electoral un referéndum contra la ley estrella del jefe de Estado charrúa.

Asimismo, este mecanismo es un proceso usual en la vida cívica y política de Uruguay en el que se requiere un 25 % de rúbricas del padrón electoral para revocar una ley aprobada por el Parlamento. Por eso, la consulta fue impulsada por la Comisión Nacional Pro Referéndum bajo el lema “Yo firmo”.

El objetivo principal: derogar la Ley 19.889 que fue aprobada por el Parlamento uruguayo y promulgada por el presidente el 9 de julio de 2020. Por eso, el plazo para poder presentar el recurso de plebiscito vencía el 8 de julio, por lo que llegaron justo antes del límite.

Qué implica la polémica ley

La LUC fue presentada el 23 de abril de 2020 con 502 artículos y salió con 476 aprobada el 5 de julio del mismo año en la Cámara de Diputados. Posteriormente, el Senado dio el visto bueno y el Ejecutivo lo promulgó.

Entre los beneficios que señaló Lacalle Pou de la resolución “popular, justa y necesaria”, se destaca que agiliza el sistema de adopciones, jerarquiza la figura de la policía, establece penas más contundentes para delitos de negocios ilegales y flexibiliza la carga tributaria para pequeñas y medianas empresas.

No obstante, la oposición le cuestiona, al menos, 135 artículos. Por su parte, la Comisión Pro Referéndum, citada por RT, explicó que "instaló de manera relámpago un modelo de ajuste que limita el rol del Estado y afecta derechos fundamentales".

Respecto de la educación, plantearon que "se apuesta a la mercantilización de la educación, se prioriza la educación privada por sobre la pública", además de promover “la flexibilización laboral y precarización de los puestos de trabajo”.

A su vez, en cuanto a los derechos sobre la vivienda, se cambiaron “los plazos de desalojo” de quienes alquilan por lo que “benefician al propietario en detrimento de los inquilinos, sin que esto asegure una mayor dinámica en el mercado de los alquileres”.

Finalmente, la parte más criticada se relaciona con la seguridad pública en 33 artículos. Las reformas "suponen un cambio abrupto de modelo sin medir en la práctica el alcance de las medidas aprobadas".

Entre otras modificaciones, aumentaron las penas, crearon “nuevos delitos” y cambiaron “el régimen de legítima defensa y mayor discrecionalidad de la policía”.

Por último, un dato llamativo es que la cantidad de firmas logradas supera los votos que obtuvo Lacalle Pou para llegar a la Presidencia de Uruguay. En definitiva, significará un plebiscito de la Ley, pero también de su mandato.