A un mes de las protestas en Cuba, el Gobierno aprobó una polémica ley contra el ciberterrorismo

El Gobierno de Cuba impuso esta semana un nuevo reglamento civil, que establece delitos cibernéticos para los usuarios de la isla que publiquen información que “impacte en el prestigio del país” o incite a la “subversión social”, entre otras regulaciones digitales.

Compuesto por 17 diferentes delitos, el reglamento entró en vigor el martes 17 de agosto, a poco más de un mes de las históricas protestas antigubernamentales que sacudieron a la isla antillana entre el 11 y 12 de julio, y que se propagó velozmente gracias a la difusión en redes sociales.

La medida cataloga los crímenes en niveles de “peligrosidad” que van de “medio” a “muy alto”, y destaca la “subversión social” capaz de “alterar el orden público” y “promover la indisciplina social” como un acto de “ciberguerra” o “ciberterrorismo”.

Otros delitos cibernéticos penados por la nueva ley de Cuba son “la divulgación de informaciones falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país”, el ciberacoso, el engaño pederasta, poseer servicios o tecnologías de la comunicación de manera ilegal y el robo de información.

Según Wilfredo González, viceministro de Comunicaciones de Cuba, la nueva norma permite a los cubanos “proteger sus datos personales y su intimidad”, al tiempo que impediría “tergiversar la verdad”, para “que nadie denigre sobre un funcionario de nuestro país y nuestro proceso revolucionario”.

Amplía la posibilidad de penalizar cualquier incidente de ciberseguridad y el mal uso de las tecnologías en el ciberespacio.

La nueva ley atentaría contra la libertad de disentir

Luego de que el Gobierno de Cuba diera a conocer su nueva ley de ciberseguridad, cientos de usuarios de la red social Twitter residentes en la isla expresaron su malestar y afirmaron que la medida atenta contra la libertad de expresión.

“Tenemos derecho a disentir y a expresarlo”, redactó una usuaria cubana al respecto. Otros activistas se han manifestado de manera virtual contra el nuevo estamento digital y denuncian un nuevo atropello del Gobierno de Miguel Díaz-Canel en contra de la libertad política en la isla.