EL SALVADOR
Por quebrar la independencia judicial, denuncian al Gobierno de El Salvador ante la CIDH
El partido de Bukele emitió una ley que sacaría a cientos de jueces de los tribunales.
Jueces y magistrados de la Justicia de El Salvador denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno del presidente Nayib Bukele por quebrantar “la independencia judicial”.
La denuncia se da luego de que el Parlamento de la nación centroamericana emitiera una reforma legal a la denominada Ley de la Carrera Judicial que ordena el cese de la actividad laboral de los jueces y magistrados sexagenarios.
Los denunciantes aseguraron a la CIDH que la medida es una “violación a los derechos de igualdad y no discriminación de las personas mayores de 60 años o con 30 de servicio”, además de violentar “la estabilidad laboral”.
En su solicitud, pidieron al organismo internacional dictar “medidas provisionales” para lograr interrumpir la aprobación y aplicación de esta reforma legal que sacaría de los tribunales de El Salvador a las personas mayores de 60 años, en una jugada política del partido gobernante Nuevas Ideas, fundado por el presidente Bukele.
La Corte Suprema de Justicia respaldó la decisión parlamentaria con 9 votos a favor de 15 magistrados y se entregará un “bono económico” a los jueces que decidan renunciar antes de que la reforma entre en vigor.
Estados Unidos, entre otros países de la región, han denunciado los atropellos del Gobierno de El Salvador a la institucionalidad y advirtieron que la nación atraviesa un “declive democrático” que afecta gravemente las relaciones bilaterales.
La ONU denunció el “desmantelamiento” del sistema judicial
Tras la publicación de la reforma que cesa la actividad laboral de los jueces y magistrados mayores de 60 años en El Salvador, el relator especial de la ONU, Diego García-Sayán, pidió a la comunidad internacional “tomar acciones contra el desmantelamiento de la judicatura”.
Buekele ha defendido su medida enfáticamente y durante su discurso con motivo del bicentenario de la Independencia acusó sin fundamento a un grupo de jueces por presuntamente ejercer prácticas corruptas en el país.
