Represión, toma de instituciones públicas y estado de emergencia en Perú

La escalada de las protestas y la represión que comenzaron el día ocho de diciembre, posteriormente al autogolpe fallido realizado para disolver el Congreso de Perú, por el entonces mandatario peruano Pedro Castillo, causó la muerte a siete ciudadanos, el bloqueo de las carreteras principales, la toma de una central de gas y un aeropuerto.

La represión que sufre el pueblo peruano se describe como atroz por parte de los ciudadanos que apoyan la disolución del Congreso, la destitución de la actual presidenta luego de la baja de Castillo, Dina Boluarte, la propia liberación de Castillo y, como eje principal, el adelanto de las elecciones presidenciales en Perú.

El ministro de Defensa, Alberto Otárola, en lineamiento con su presidenta Boluarte, anunció que, desde el Poder Ejecutivo de Perú, se implementa el estado de emergencia por 30 días, el cual suspende los siguientes derechos: de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito y la libertad de reunión.

Además, el ministro Otárola explicó la finalidad de esta medida, que podría ser el paso anterior al decreto de toque de queda, tiene como finalidad: “Que la ciudadanía pueda tener la seguridad y la certeza de que estamos controlando el orden interno y luego vamos a asegurar el libre tránsito y la paz para todos los ciudadanos”.

El pasado lunes, un grupo de manifestantes radicalizados invadieron el aeropuerto de la segunda ciudad más grande del país, Arequipa, y el día martes, protestantes también tomaron una planta de gas en el distrito de Cusco. También ocurrieron saqueos en negocios, incendios en instituciones públicas y cortes de carreteras en distintos puntos del país, pero especialmente al sur de este.

Moción de interpelación y de censura

Una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Cesar Cervantes, fue solicitada por el vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, junto al acompañamiento de Perú Democrático, Perú Bicentenario y parlamentos no agrupados. Se pretende que Cervantes responda, según los solicitantes, cobre la “represión sangrienta” al pueblo peruano.

Por otra parte, las congresistas Sigrid Bazán y Ruth Luque, del grupo de izquierda Juntos por Perú, presentaron una moción que en este caso busca censurar al nuevo primer ministro, Pedro Angulo, por la denunciada “represión desproporcionada” por parte de la policía.