EL SALVADOR
En 15 días con estado de excepción, El Salvador ha capturado a más de 9 mil pandilleros
El presidente del país defiende su estrategia mientras enfrenta acusaciones de transgresiones a los derechos humanos.
Las autoridades de El Salvador ya detuvieron a más de 9 mil supuestos pandilleros en los 15 días que cumplió el estado de excepción aprobado en la Asamblea Legislativa tras un fin de semana con casi 90 homicidios.
El presidente de la nación centroamericana, Nayib Bukele, ha defendido su política pese a los señalamientos de diferentes organismos de derechos humanos y críticas desde el gobierno de Estados Unidos. El Salvador busca reducir el poder los pandilleros en las calles.
El Salvador lleva varios años en su lucha contra la delincuencia; sin embargo, sus últimos gobiernos, incluyendo el actual habrían dado beneficios a los grupos delincuenciales a fin de conseguir votos durante las elecciones primarias.
La Policía Nacional Civil informó que solo el sábado capturó 507 pandilleros y desde que comenzó el estado de excepción fueron capturados 9.120. A través de diferentes medios de comunicación se han conocido historias de algunos capturados que no eran criminales y fueron detenidos cuando salían de su lugar de trabajo.
La policía y el Ejército del país del Triángulo Norte trabajan juntos para ingresar a las localidades más peligrosas, lo que les ha valido cientos de señalamientos por agresiones injustificadas, registros a menores de edad, entre otros.
Reformas de ley
Aunque el estado de excepción permite realizar detenciones sin orden judicial, los diputados oficialistas de El Salvador cumplieron la petición de Bukele para reformar leyes y aumentar de nueve a 45 años la prisión máxima por pertenecer a las pandillas.
El mandatario también ordenó un cambio que perjudica a los medios de comunicación salvadoreños, se castigará hasta con 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas, algo que podría revelar los pactos logrados con las autoridades previo a la escalada de violencia.
Varios medios han expresado su rechazo a la nueva normativa que restringe el trabajo periodístico y permitiría más detenciones arbitrarias, según han manifestado.
