ONU

La ONU pidió una reforma integral al sistema penitenciario de Ecuador

Los motines en las cárceles se han vuelto una constante desde el año pasado.
martes, 10 de mayo de 2022 · 16:28

La alta comisionada de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para los derechos humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la muerte de 42 personas en un centro penal de Ecuador, en las últimas horas.

Para la representante de la entidad es necesario que las autoridades impulsen una reforma integral que dé garantías básicas a los reclusos, que desde hace más de un año viven bajo el asedio de las bandas criminales que provocan duros enfrentamientos. La ONU lamentó que la destitución de funcionarios y las medidas tomadas por el Gobierno no hayan sido suficientes para mejorar la situación durante el último año.

Bachelet pidió la pronta intervención de las autoridades del Gobierno.

La vocera de Bachelet, Liz Throssell, pidió más responsabilidad del Estado en la seguridad de las personas que están bajo su custodia. “La situación crea una presunción de responsabilidad estatal por estas muertes”, señaló la funcionaria de la ONU.

Estos preocupantes incidentes subrayan, una vez más, la urgente necesidad de una completa reforma del sistema de justicia penal, también del sistema penitenciario.

Decenas de familias aún esperan ser informadas sobre la identidad de los fallecidos.

Desde diciembre de 2020, casi 400 reclusos han perdido la vida en motines y enfrentamientos ocurridos al interior de las cárceles de Ecuador. El incidente reportado el lunes fue en la cárcel de Santo Domingo tras el traslado de un prisionero.

 

Deficiencias en la gestión

La multilateral destaca que el último incidente deja en evidencia la falta de acción de las autoridades, sumado a la necesidad de reforzar las medidas de seguridad. “Estos incidentes subrayan la urgencia de completar reformas del sistema de justicia penal, también del sistema penitenciario”, recalcó Throssell.

Las cárceles de Ecuador están bajo alerta máxima.

La ONU recordó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad a todas las personas bajo su responsabilidad, lo que significa que también es culpable indirecto de lo que ocurre en las cárceles y debe emprender una profunda investigación.