EL SALVADOR
El estado de excepción en El Salvador ha dejado más de 26 mil personas detenidas
Mientras las autoridades de seguridad hablan de logros, diferentes organizaciones señalan graves transgresiones a los derechos humanos.
Más de 26.291 personas han sido detenidas en El Salvador desde que rige el estado de excepción que busca reducir el accionar de las pandillas, que llevaron al país a reportar más de 80 homicidios en solo un fin de semana.
El régimen de excepción fue aprobado por el Congreso de El Salvador a finales de marzo y fue extendido nuevamente a fin de mantener las acciones preventivas y justificar las detenciones. El país centroamericano sufre el asedio de las pandillas, responsables de la mayor cantidad de crímenes que se cometen a diario.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro informó que este fin de semana fue detenido Boris Cienfuegos, un miembro de la Mara Salvatrucha que era conocido en la región por encargarse de la distribución de estupefacientes y enviar ilícitos a Estados Unidos.
El presidente Nayib Bukele se ha mostrado severo con los grupos criminales y ha dicho que no permitirá una nueva escalada violenta en el territorio salvadoreño. Vale señalar que recibió el apoyo del Congreso porque está conformado por mayoría oficialista y la mayoría de sus propuestas son respaldadas.
Con el estado de excepción se suspenden los derechos a la organización, a las reuniones, se permite la intervención de las telecomunicaciones y la correspondencia. Esta medida permite una acción más severa por parte de las autoridades de seguridad y hace posible las detenciones administrativas por un máximo de 15 días.
Las críticas de diferentes organizaciones
Al menos cinco organizaciones humanitarias recibieron al menos 338 denuncias de transgresiones a los derechos humanos durante el primer mes de vigencia del régimen de excepción.
Las organizaciones aseguran que, la mayoría de las detenciones que lleva a cabo la Policía Nacional Civil son arbitrarias. “La vulneración que más han denunciado es la detención arbitraria, representando en algunas organizaciones incluso más del 70% de los casos recibidos, seguidos de allanamiento de viviendas, lesiones, robo e incluso la muerte de una personas detenida”, detalló Cristosal.
