Estados Unidos: tras el fallo sobre el aborto, aseguran que el matrimonio igualitario está en riesgo

Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos revirtiera el histórico fallo que permitía el aborto en todo el territorio, se encendieron las alarmas sobre la posibilidad de analizar otras decisiones, entre ellas, el matrimonio igualitario.

El juez del máximo tribunal, Clarence Thomas, votó a favor de revocar el fallo que protegía el aborto e instó al tribunal a valorar las sentencias de 2015 a favor del matrimonio igualitario; la de 2003, que avaló las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo y hasta la de 1965, que garantiza el derecho a la anticoncepción. El magistrado se refirió a las bodas entre personas del mismo género como un error que debe corregirse.

La opinión de Clarence Thomas marca sin duda un importante retroceso en los derechos humanos en Estados Unidos, pero, según él, se trata de marcar un precedente, lo que significaría dejar sin efecto el matrimonio igualitario. “Tras anular estas decisiones manifiestamente erróneas, queda la pregunta si hay otras disposiciones constitucionales”, reiteró el funcionario.

El juez de origen conservador llegó a la Corte Suprema gracias a la nominación de George H. W. Bush en 1991 y aunque su planteamiento genera incertidumbre, el juez Samuel Alito aseguró que no habrá una reversión de otros derechos constitucionales, entre ellos, la unión inclusiva.

Hemos declarado inequívocamente que nada de esta decisión debe entenderse como una puesta en duda de los precedentes que no conciernen al aborto.

Se sabía lo que ocurriría con el aborto

El fallo sobre el aborto ha generado indignación a nivel mundial por el retroceso que significa en las garantías de las mujeres; sin embargo, no tomó a nadie por sorpresa ya que en mayo se filtró la inminente decisión.

Según el conservador juez Thomas, la mayoría de la Corte concluyó que el derecho al aborto no era una libertad protegida por la cláusula del debido proceso de la 14 Enmienda de la Constitución, que permite a los tribunales poner límites a la actividad legislativa cuando afecta la vida, libertad o propiedad, por lo que insistió en que deben ser revisados los otros precedentes que se basan en ella.